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El matrimonio acusado de prostituir a mujeres en pisos de Gijón ha reconocido los hechos y aceptado una pena de un año de prisión para cada uno. Por este delito se les condena además al pago de una multa de 1.440 euros. El acuerdo al que llegaron antes de la vista oral la acusación y las defensas de la pareja evitó la celebración del juicio, previsto para esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón. Además del de de prostitución, la mujer ha reconocido el otro delito que se le imputaba, el de promover, favorecer o facilitar el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, en este caso, de mujeres colombianas, como ella, a las que facilitaba el viaje a España y a las que posteriormente prostituía en pisos en Gijón. Por este delito se le impone una multa de seis meses a razón de 8 euros diarios: 1.440 euros. Además, se le impone la prohibición de acercarse a la mujer que denunció los hechos, su propia sobrina, durante dos años.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal argumentaba que el matrimonio regentaba un negocio dedicado a la prostitución en pisos de Gijón al menos desde 2021. Captaban a las mujeres (en una situación económica precaria) en Colombia, con promesas de que en España obtendrían mayores ingresos que en su país. La acusada les abonaba el viaje en avión desde Colombia y su posterior traslado hasta Gijón. A continuación, los acusados las ubicaban en los pisos.
El acusado, español, era el encargado de alquilar los pisos y, aunque era la acusada quien dirigía el negocio, ambos se lucraban de sus beneficios, quedándose con cerca del 35% de lo que cobraban las chicas, que debían además sufragar su estancia y la comida. «Por servicios de 30 euros se quedaban con 10; por servicios de 50 euros se quedaban con 20; y por servicios de 100, con 35 euros», recoge el escrito de acusación. En un año llegaron a ingresar algo más de 43.104 por esta actividad ilícita.
La denuncia la presentó una sobrina de la acusada, que había llegado a España a finales de 2021. Desde su llegada a Gijón la mujer comenzó a ejercer la prostitución en uno de esos pisos, donde tenía que estar disponible para los clientes 24 horas los 7 días de la semana, «ya que los acusados solo le permitían salir un par de horas, y tenía que trabajar aunque se encontrara enferma. Ella accedía debido a la necesidad económica y a su condición de irregular en España».
La víctima compartía los pisos con otras chicas que se encontraban en sus mismas condiciones. Fueron identificadas por la Policía, pero no quisieron denunciar por miedo.
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