Purificación García

Directora general de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón

«El convenio que propone el Puerto de Gijón no cumple la normativa urbanística y es ilegal»

–Aclárenos, por favor, la situación urbanística de ese terreno.

–Están desafectados por el Puerto desde 2014, porque entendían que no eran necesarios para el uso portuario. Cuando se aprobó el Plan General de Ordenación en 2019, hubo dos trámites de información pública, en los que la Autoridad Portuaria presentó alegaciones pero nunca se refirió a esa franja. Nunca. En el PGO la ficha urbanística de Naval Gijón son unos 60.085 metros cuadrados, de los que 35.000 son los que nos ha adjudicado directamente la Autoridad Portuaria y estarían estos 2.848 que están en discusión.

–Y los de Pymar, ¿no?

–Sí, el resto serían los de Pymar, que es lo que completa todo el ámbito. Al haberse desafectado ese terreno, estamos hablando no de dominio público portuario, sino de terreno que se considera patrimonial.

–¿Y eso qué implica?

–Que la Autoridad Portuaria entra en este desarrollo urbanístico que está contemplado en el Plan General como un propietario más, con su porcentaje correspondiente.

–Es decir, no puede hacer lo que quiera con esta franja.

–No, tiene un porcentaje en el total de un ámbito urbanístico ya constituido, donde el PGO prevé que se desarrolle en un plan especial.

–Ahora mismo, en esos terrenos desafectados del dominio público portuario, ¿qué podría hacer el Puerto con ellos?

–Lo que le permite la Ley de Costas, porque a esos efectos es como un particular. En esta situación está como nosotros. Está sujeto a la Ley de Costas, pero no está vinculado al uso portuario que sí le daría otra característica diferente y estaríamos hablando de otra situación diferente. Es decir, lo que motiva que el Puerto pueda desafectar y pueda ceder esa franja es precisamente esa condición del suelo como patrimonial.

–El Puerto pide en su propuesta de convenio modificar el PGO para revertir la desafección y dotarlo de usos náuticos y deportivos. Eso supondría un retraso, según el Ayuntamiento.

–En primer lugar hay que destacar que la modificación de esta ficha requeriría, para una modificación del PGO, la voluntad política de los grupos municipales, porque tanto la aprobación de esa modificación del PGO, como el plan especial lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. Tendría que haber una mayoría suficiente para poder modificar el PGO. Que el Puerto lo solicite no es motivo suficiente. En el caso de que haya una mayoría que nos permita modificarlo, se aprobaría, pero si no, la ficha aprobada y que nos obliga tanto al Ayuntamiento como a los propietarios que están en este ámbito es la aprobada en el PGO del 1999. Y sí, supondría un retraso, evidentemente, porque la modificación del PGO conlleva, entre otros trámites una evaluación ambiental ordinaria que supone un plazo superior al que requiere el plan especial. Luego tampoco podríamos tramitar en un único documento el plan general y el plan especial, deberíamos hacer las tramitaciones ambientales por separado y las incidencias derivadas nos pueden obligar a tener que volver a aprobar inicialmente el plan especial. Esto supondría volver a la casilla de salida.

–En una partida que ya ha empezado, ¿verdad?

–Por supuesto, empezó cuando la junta de gobierno aprobó iniciar la tramitación del plan especial.

–En el Consejo Social explicó que en el desarrollo del plan especial podría llegarse a una compatibilidad de usos, abriendo la puerta a un acuerdo con los deseos del Puerto.

–Claro. A ver, que el Ayuntamiento esté exigiendo la formalización de esa cesión no quiere decir que en el trámite del plan especial no pudiera llegarse a compatibilizar el uso que quiere el Puerto con el resto de usos de la ficha. ¿Qué ocurre? Que el plan especial es el que tiene que decir en qué términos se desarrolla ese ámbito y fijar las condiciones. Si llega a ser posible desarrollar ese uso náutico-deportivo que se pretende, será el plan especial quien lo determine. Pero también es importante decir que este ámbito está pensado para que se constituya un polo empresarial de compañías limpias, vinculadas al mar, a la pesca, la acuicultura... Son todo actividades que precisamente requieren de la proximidad del mar para poder implantarse y de ahí la necesidad de contar también con esa franja. Bueno, no tanto la franja en sí, que va a ser una zona de paseo, como el tener un acceso directo al mar. Eso es un valor añadido para las empresas. Y en qué porcentaje, en caso de que haya otros usos en la lámina de agua, pues tiene que decirlo el plan especial.

–Lo que parece claro es que todo depende ahora mismo de la tramitación municipal.

–Está todo sujeto al urbanismo municipal y a la tramitación que obliga. Volvemos al punto de partida. Al tratarse de una parcela que es patrimonial, la Autoridad Portuaria es un tercero, un propietario más y tiene que participar en la distribución de beneficios y cargas que va a establecer el plan especial. Entonces, el Puerto no es que tenga esa franja, tiene un porcentaje en ese ámbito desde el momento en el que está aprobado el PGO y esa franja de terreno es un suelo patrimonial que forma parte de ese ámbito. Está sujeta, sí o sí, a la tramitación del plan especial, al procedimiento y a la normativa urbanística.

–El Puerto pierde poder de decisión.

–En el trámite de información pública del plan especial, evidentemente se van a presentar alegaciones. Imagino que, entre otros, lo harán la Autoridad Portuaria o los vecinos. Esas alegaciones, si son informadas por los técnicos municipales, van a incorporarse al texto definitivo y ahí es donde se va a determinar en qué condiciones se va a desarrollar ese plan especial y las actividades que se van a llevar a cabo en el mismo.

–Entonces, ¿por qué propone el Puerto un plan propio?

–Lo que hace el Puerto es empezar la casa por el tejado. En vez de esperar a lo que resulte del plan especial, dicen yo me establezco y luego vosotros os adaptáis a mí.

–En su borrador de convenio manifestaban su voluntad de reincorporar la franja al dominio público portuario.

–Eso tendría que aprobarse en el Ministerio, evidentemente, y tendrían que justificarlo, porque recordemos que lleva ya 14 años desafectado, porque ellos mismos lo pidieron porque no tenía interés para el uso portuario.

–Principado y Puerto dicen que solo cabe la cesión de uso gratuita para ajustarse a la legalidad. ¿Incumple la ley la cesión de la propiedad?

–Todas las reuniones que hemos mantenido con la Autoridad Portuaria, en las que siempre he participado, no había políticos, ni estaba el presidente del Puerto. Eran reuniones técnicas y en ningún momento nos han puesto ninguna objeción. De hecho, hay un acuerdo del consejo de administración y tanto la venta por adjudicación directa como la cesión han sido informadas por Patrimonio del Estado y tampoco han puesto ninguna objeción. Los trámites que se llevaron a cabo respetaron escrupulosamente los tiempos y el procedimiento que nos ha indicó la Autoridad Portuaria en todo momento. El Ayuntamiento actuó siempre de buena fe.

–¿Qué piensa cuando se dice que todo fue un amaño entre Carmen Moriyón y Laureano Lourido?

–El acuerdo lo toma la Autoridad Portuaria por unanimidad después de que hubiéramos mantenido bastantes reuniones técnicas para ver en qué términos y cómo se podía realizar tanto la compra como la cesión. Y el acuerdo del consejo para la venta directa de esos 35.000 metros al Ayuntamiento, que se toma por unanimidad, también hacía referencia a la cesión que se iba a realizar. La escritura de compra-venta también recoge la cesión de esos metros, así que desconozco en qué se basan para decir eso.

–El Puerto dice que faltan informes técnicos y jurídicos que impiden cerrar el expediente de cesión.

–Lo que pedimos es que los emitan y que se cumpla el acuerdo adoptado. Entiendo que los acuerdos de la Autoridad Portuaria, evidentemente, vinculan a la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento ha actuado, en este caso, de buena fe. Desde el Ayuntamiento se está exigiendo el cumplimiento de esos acuerdos. El Puerto acordó esa venta y esa cesión, que no se ha completado y no se ha formalizado. El Ayuntamiento, en la junta de gobierno prestó conformidad y el Pleno aprobó la modificación presupuestaria necesaria para pagar los 4,7 millones que costaba la venta. Con lo cual los acuerdos por parte del Ayuntamiento son claros y la alcaldesa, en este caso, solamente está exigiendo, primero, que se cumpla el acuerdo, y, segundo, que se cumpla la legalidad, puesto que el plan general establece que ese ámbito completo forma parte de esta ficha y, por lo tanto, hay que desarrollarla con un plan especial.

–Desde el punto de vista técnico, ¿qué opinión le merece la propuesta de convenio patrimonial para la franja que envía el Puerto?

–Ese convenio incumple la normativa urbanística, por lo tanto, para mí, es ilegal. Desde el punto de vista urbanístico, es ilegal. Está bien planteado, pero no cumple la normativa urbanística, que es lo que rige en este momento.

–¿Ese convenio tendría que haber llegado en el momento de iniciarse todo?

–Evidentemente, llega tarde. O si en vez de tratarse de un bien patrimonial, fuese un bien de dominio portuario, cosa que no es, estaríamos hablando de otra cuestión. Pero, en este caso, el convenio debería ser de cesión. Pueden consultar el de Ferrol, que se ha hecho recientemente, y es una cesión, punto. Sin condicionantes de ningún tipo.

–¿Qué puede pasar si se llega a los tribunales?

–En principio hay que dejar claro que Naval Azul no corre riesgo porque ya se inició la aprobación del plan especial y vamos a llevar a la próxima junta de gobierno, si ya tenemos todo cerrado, los pliegos para iniciar la licitación y poder colgarla ya en el portal municipal. Si, como consecuencia de acudir a los tribunales, hay un acuerdo judicial que suspenda la tramitación, el Ayuntamiento, evidentemente, podría estar obligado a parar esa tramitación o a suspenderla.

–Técnicamente, ¿el Principado puede poner zancadillas al desarrollo del plan especial?

–Como se dijo el otro día en el Consejo Social, los técnicos somos técnicos ante todo, aunque se puede ser más o menos celoso con la interpretación de las cosas, pero poner zancadillas... Se puede dilatar a lo mejor la emisión de informes en el tiempo, pero me fío de la buena fe del Principado y e la CUOTA.

–Entre los técnicos del Ayuntamiento, tras más de un año de trabajo en esto, ¿qué sentimiento hay?

–Pues la verdad, de incredulidad. Nos parece increíble que en este momento, precisamente cuando ya está todo para iniciarse se plantea esta cuestión.