Fomento afirma que el estudio sobre la estación «puede hacer reconsiderar» su ubicación

Panorámica de los terrenos del 'solarón' desde la azotea del edificio del Hotel La Polar, con el Museo del Ferrocarril a la izquierda y el parque de Moreda a la derecha. / ARNALDO GARCÍA
Panorámica de los terrenos del 'solarón' desde la azotea del edificio del Hotel La Polar, con el Museo del Ferrocarril a la izquierda y el parque de Moreda a la derecha. / ARNALDO GARCÍA

Recuerda que el convenio la sitúa junto al Museo del Ferrocarril y si cambia «tendrá que ser con el consenso de las tres administraciones»

RAMÓN MUÑIZ / MARCOS MOROGIJÓN.

La estación intermodal se ha anunciado en el entorno del Museo del Ferrocarril pero existen cláusulas legales, técnicas y políticas capaces de llevarla de nuevo a Moreda.

El convenio del plan de vías publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de mayo establece que la nueva terminal para autobuses, trenes de cercanías y de largo recorrido se levantará en el entorno del citado museo. «Ese es el compromiso actual», subrayan fuentes del Ministerio de Fomento. «Si se cambia, tendrá que ser con el consenso de las tres administraciones implicadas», agregan.

Además del acuerdo político, el ministerio recuerda que sus técnicos están ahora redactando un estudio informativo «que tiene como objetivo definir y comparar dos soluciones de ubicación de la estación intermodal, la solución planteada en 2006 en Moreda y la nueva ubicación próxima al Museo del Ferrocarril». Ese contraste es algo más que una formalidad. «El resultado de estos trabajos, que se someterán a información pública, puede hacer reconsiderar el acuerdo alcanzado», indican en Fomento.

El departamento contrató el 1 de junio del año pasado la redacción de dicho estudio y lo hizo con la idea de disponer este verano de un borrador maduro como para pasar a la fase de consulta pública. Por ahora no ha activado esa fase, argumentando que el retraso en el convenio afectó también a los técnicos. Eso no evita que el departamento que rige, en funciones, José Luis Ábalos tenga conocimiento directo de lo que va apuntando el equipo redactor.

El propio convenio reconoce la importancia de lo que digan esos técnicos y deja en sus manos la solución definitiva. En sus 44 folios recalca que la idea es levantar la terminal cerca del museo y estima que eso requiere 316,26 millones en las obras de la propia terminal y 107 más en la cubierta de las vías hasta La Calzada. Existe sin embargo una cláusula que define las «causas de modificación» del documento y que establece tres casos ante los que «será necesario redactar una adenda modificativa al convenio o la resolución del convenio propuesto y la suscripción de uno nuevo». Entre esos motivos que obligan a replantearlo todo se especifica «que la solución del estudio informativo sea la planteada en el convenio pero los costes de la misma superen en un 20% el total de estimación global».

Es decir, si los técnicos ven la operación sensiblemente más cara, Fomento, Principado y Ayuntamiento se obligan a revisar el esquema. «La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su vigencia requerirán del acuerdo unánime de las partes», recoge el texto. El procedimiento, queda visto, tiene una primera etapa técnica y, tras ella, llegará la decisión política última.

Salvo giro de última hora, la suerte del plan quedará en manos de tres administraciones de color socialista. Es el partido que puso sobre la mesa la opción de Moreda y el que con más ahínco la defendió. En 2015 la entonces consejera Belén Fernández argumentaba que ir al museo «es más caro y supone menos servicios» y acusaba a Foro y PP de «atracar a los ciudadanos con su nueva propuesta» de acercar la terminal al centro.

Mientras estuvieron al frente de los gobiernos local y nacional, Foro y PP lideraron el trabajo en favor de esa ubicación, con un nuevo plan de vías estimado en 814,02 millones, al que se sumó el Principado y que es realmente exigente. Cumplir el calendario pasa por lograr que el Banco Europeo de Inversiones aporte un crédito de 360,2 millones a partir del año próximo. Sin ese respaldo, respetar los plazos obligaría al Principado y el Consistorio a aportar una media de 33,9 millones anuales hasta 2025. Tirar de presupuesto propio para pagar las obras agotaría así la capacidad de un Ayuntamiento que, por comparar, cerró la contabilidad de 2018 con una inversión real de 8,7 millones.