La jueza del 'caso El Musel' rechaza archivar la causa contra 20 empresarios

Una draga vierte el relleno de los cajones que conforman el muelle de la ampliación, en 2009. / P. UCHA
Una draga vierte el relleno de los cajones que conforman el muelle de la ampliación, en 2009. / P. UCHA

Emite un auto en el que niega que los delitos hayan prescrito y dice que «la prueba de cargo ya se aportará en el juicio»

MARCO MENÉNDEZGIJÓN.

María Tardón Olmos, magistrada jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que sigue el conocido como 'caso El Musel', por los sobrecostes en la obra de ampliación del puerto gijonés, acaba de dictar un auto en el que rechaza el recurso presentado por una veintena de representantes de las empresas de la UTE Dique Torres que se encuentran imputados en esta causa. Tras el auto en el que la jueza acordó seguir el procedimiento abreviado contra los investigados, se formuló un recurso de reforma por los representantes legales de Juan Miguel Pérez, Manuel Amaro Martínez, David López, Javier Hidalgo, Vicente Moscardó, Eloy Domínguez-Adame, Luis Sánchez del Río, Andrés Alonso, Moisés Santos, José Luis Saravia, Guillermo Castañedo, José María López, Miguel Eguiegaray, Jesús Fernando Pérez, Juan Ernesto Pérez, Octavio del Real, Francisco José García, Joaquín Jiménez, Rafael Martín de Nicolás y Francisco Javier Lázaro. Pedían el sobreseimiento y archivo de las actuaciones que se siguen contra ellos.

La jueza María Tardón desestimó el recurso, pero estimó provisional y parcialmente los de Guillermo Castañedo y Miguel Eguiegaray, al considerar que, a pesar de haber asistido a reuniones de la UTE, no tenían «capacidad decisoria en el ámbito de la ejecución del contrato de obra».

El auto explica que en la fase en la que se encuentra el procedimiento, lo exigible es la existencia de indicios racionales sobre la comisión del hecho y la participación del imputado en el mismo. «La prueba de cargo ya se aportará, en su caso, en el acto del juicio oral». Además, apunta que «es suficiente para la imputación por parte del juez instructor con que los hechos no aparezcan evidentemente como inexistentes».

Con ello, según el documento, es suficiente para dictar un auto de procesamiento, pero aclara que «en esta fase solo podría ser vulnerada la presunción de inocencia si el órgano judicial dictase su resolución de modo arbitrario, caprichoso o notoriamente infundado».

Indicios suficientes

La jueza considera que se han evidenciado suficientes indicios de un delito de fraude y critica la valoración «propia y sesgada» realizada por los recurrentes sobre las fuentes de prueba tomadas por la instructora, al tiempo que considera que no se pueden tener en cuenta las singularidades de cada uno de los investigados porque «las actas de gerencia unidas a las actuaciones no dejan lugar a la duda de que las decisiones partían de reuniones que las empresas constitutivas de la UTE mantenían al más alto nivel, decisiones luego trasladadas al comité de gerencia de la UTE».

María Tardón reafirma en el auto la intervención de algunos de los imputados que rechazaban su participación en las reuniones en las que se aprobó el modificado de la obra que supuso el sobrecoste y rechaza la prescripción de los delitos. Explica que «podría conducir al resultado absurdo del enjuiciamiento aislado de una parcela de realidad delicitiva prescindiendo de aquella que se estimase previamente prescrita y que resulta imprescindible para la comprensión, enjuiciamiento y sanción del comportamiento delictivo unitario». Y es que «los supuestos de unidad delictiva prescriben de modo conjunto».

En este caso también figuran como investigados Fernando Menéndez Rexach, José Luis Díaz Rato, José María Alcoba, Fernando Palao, Mariano Navas, Ana Isabel Dizy y Maximino Gorostiza.