La ordenanza de movilidad de Gijón prevé restringir el tráfico junto a colegios y centros de salud

Una de las novedades del último borrador de la ordenanza de movilidad, que en la junta de gobierno de la próxima semana podría adquirir ya la categoría de proyecto, es la creación de la figura de «entornos singulares» dentro del capítulo dedicado a las zonas con regulación específica que se podrán implantar en la ciudad atendiendo a razones ambientales o de convivencia. Según detalla el documento, «las inmediaciones y las entradas de los centros educativos, sanitarios, asistenciales, sociales, deportivos y culturales, además de otras zonas de estancia como los parques, serán objeto de una especial atención, para su conversión en áreas de protección de la salud».

Esto se logrará «mediante la adopción de un conjunto de medidas» que incluirá entre otras «la mejora del diseño viario y de las condiciones de accesibilidad, la limitación del aparcamiento, circulación y velocidad del tráfico motorizado, y la señalización y cumplimiento de la disciplina vial». El objetivo final, añade el borrador, es «hacer que dichos entornos sean espacios seguros y de convivencia». Además, «se favorecerá la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno y de acceso a estos equipamientos».

Los «entornos singulares» se sumarán de este modo a otros cinco tipos de «ordenaciones permanentes» que el Ayuntamiento podrá fijar en distintas zonas de la ciudad en el marco de la aplicación de la nueva ordenanza. El único de ellos que parte ya en el documento con una delimitación específica es el «área de prioridad residencial» de Cimavilla. «Sus especiales características, sumadas a la gran afluencia de visitantes en temporada estival o vacacional, convierten este casco antiguo en una zona de embotellamientos y acumulación de vehículos que entorpecen la seguridad vial y la accesibilidad, llegando en momentos determinados a dificultar e impedir el acceso a las calles y al Cerro de los propios residentes y de los servicios públicos indispensables», se argumenta. A diferencia de la normativa vigente, la nueva ordenanza no marca un horario concreto para restringir el acceso a los no residentes -ahora va de 21 a 7 horas-, sino que se limita a indicar que tendrán prohibido circular por la zona «de acuerdo al horario que establezca el órgano municipal competente», dejando así vía libre a la junta de gobierno a ampliarlo o reducirlo a conveniencia. Además, la velocidad máxima permitida en toda la zona se fija en 20 kilómetros por hora.

La ordenanza abre además la posibilidad de crear más áreas de prioridad residencial «para disminuir la intensidad de tráfico en zonas históricas, residenciales o sensibles» y de este modo «preservar los niveles de emisión de ruido, gases, humos y partículas contaminantes, mejorar las condiciones de movilidad y acceso para las personas residentes y evitar el acceso indiscriminado de personas usuarias externas». Deja libertad a la junta de gobierno para definir sus límites -«de manera que conformen un perímetro fácilmente reconocible»-, quiénes y cuándo podrán circular por cada una de estas áreas y qué sistema se usará para el control de accesos (cámaras, etiquetas electrónicas, tarjetas de residente...).

La nueva normativa también fija la base legal para establecer «zonas de bajas emisiones» al estilo de 'Madrid Central'. La junta de gobierno definirá en cada caso las condiciones de acceso a estas áreas, donde los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico que indican el potencial contaminante de cada vehículo servirán como instrumento para filtrar por ejemplo qué turismos pueden transitar por la zona y cuáles pueden estacionar en ella. A esto se suma la posibilidad de fijar en otros puntos de la ciudad restricciones temporales de circulación, aparcamiento y velocidades por motivos medioambientales «cuando exista riesgo o se haya produción la superación de los valores límite» de calidad del aire.

En el apartado de «ordenaciones permanentes» se contemplan además «zonas acústicamente saturadas», que serán las que determinen la normativa sobre protección acústica y el plan de acción contra el ruido. Estos espacios «se establecerán automáticamente como zonas de circulación y estacionamiento restringido, fijando el órgano competente los correspondientes criterios de gestión y funcionamiento».

Finalmente, el borrador prevé crear zonas «de aparcamiento vecinal» en las que se implantarán «sistemas de control del estacionamiento para mejorar las condiciones de aparcamiento en superficie de los empadronados en la misma, garantizando la convivencia con los distintos usuarios de las plazas de estacionamiento». Lo hará «a iniciativa vecinal y tras un proceso participativo de las personas empadronadas en el correspondiente ámbito geográfico». A diferencia de las zonas reguladas para residentes, en estos espacios los vecinos podrán aparcar gratis.

Por otra parte, se revisan a la baja las cuantías de las sanciones con respecto al primer borrador, donde llegaban a 3.000 euros. Las leves irán de 0 a 100 euros, las graves de 101 a 200 y las muy graves de 201 a 500.