El Principado revisará los permisos del carbón en El Musel para atajar las manchas en la playa

El Principado revisará las autorizaciones que tiene concedidas a las empresas que mueven carbón en el puerto de El Musel. La idea es obligar a que sigan nuevas restricciones con las que impedir que se sigan reproduciendo las manchas negras en la playa de San Lorenzo.

Así lo ha anunciado esta mañana el vicepresidente Juan Cofiño. A preguntas del diputado de Podemos Daniel Ripa, indicó que «tenemos que disciplinar las actividades privadas en el puerto; los focos de contaminación del carbón tienen que ver con ellas». Los especialistas del laboratorio de petrografía del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (el antiguo Incar) celebrarán mañana una cumbre con los concejales del Ayuntamiento de Gijón para exponerles las conclusiones de una investigación que iniciaron en 2018 y concluye vinculando las manchas con la actividad portuaria. El informe que han realizado «nos ha ayudado mucho, a nosotros y a los técnicos de la consejería, a la hora de determinar dónde está localizado el problema», valoró Juan Cofiño.

El diputado de Podemos le reclamó que concretara «las medidas que piensan adoptar para frenar la llegada del carbón» y el presupuesto en las que las estima, al tiempo que subrayó que «es el Principado el que nombra al presidente de la Autoridad Portuaria». El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente le replicó que «no vamos a ser ajenos ni pasivos con la situación» pero incidió en las soluciones que no requieren de fondos: «Tenemos que hurgar en el problema y tomaremos medidas que se correspondan con nuestras competencias; hay empresas que manejan carbón que únicamente necesitan una licencia de actividades molestas y nuestra aproximación será por esa vía, y otras que tienen autorización ambiental y volveremos sobre ellas».

Ripa también puso el foco en los problemas de contaminación de la zona oeste. Al respecto el viceconsejero detalló que el borrador del plan diseñado para atajarla en dos años ha recibido 19 alegaciones que están siendo analizadas con la idea de aprobar definitivamente el documento «a finales de enero o inicios de febrero» en el consejo de gobierno. «Estamos haciendo una vigilancia intensa en Arcelor», dijo, y como ejemplo recordó que este año se le han abierto a la empresa «dos expedientes sancionadores», por emisiones del sínter A que excedían las permitidas y por el retraso en la colocación de una estación de medición de calidad del aire. «Le anuncio que estableceremos un límite a la emisión conjunta de los sínter A y B y eso necesitará la modificación de la autorización ambiental integrada», avanzó también.

El debate se suscitó en la comisión que analiza el proyecto presupuestario del Principado de 2021, que incluye 200.000 euros para colocar una estación de medición del aire «en la zona del Lauredal», según precisó Cofiño a preguntas de Ovidio Zapico, diputado de IU. Se trata de una base «largamente reivindicada», asumió. A la hora de determinar su ubicación exacta «seguiremos fielmente las explicaciones» del informe que al respecto ha hecho el Instituto de Salud Carlos III. «Será la primera licitación que hagamos con el nuevo presupuesto», comprometió Cofiño.

En el capítulo ambiental, la viceconsejera Nieves Roqueñí expuso que ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que de cara a los próximos años incluya en la planificación una extensión que desde la zona centro refuerce el abastecimiento de agua en el oriente. La oportunidad se abre, según ilustró, al incorporar al sistema el canal de Arcelor que permite recoger recurso en Cangas del Narcea y llevarlo hasta la potabilizadora de Ablaneda, para utilizarlo «en Gijón y llevarlo con impulsiones al otro embalse». «Lo que hemos planteado es que tenemos que ser capaces de hacer una canalización desde la zona central a la de Piloña, llegar a Llanes y tener una arteria con Colunga y Caravia; es una infraestructura indispensable para el futuro de Asturias», aseveró Nieves Roqueñí.