Puertos del Estado advierte a El Musel de su deuda antes de actuar en la franja de Naval

Tanto la presidenta, Nieves Roqueñí, como el director, José Luis Barettino, replicaron al representante estatal que la Autoridad Portuaria está pendiente del cobro de los 49,5 millones de euros de las ayudas europeas para la ampliación. De hecho, la contabilización de esta cantidad está retrasando la formulación de cuentas de 2024. Los dirigentes del puerto gijonés añadieron que habían dirigido «comunicaciones formales e informales a Puertos del Estado» para buscar las fórmulas de «activar su reclamación, incluyendo la creación de un grupo de trabajo conjunto entre Puertos del Estado, el Ministerio de Hacienda, la Abogacía del Estado y la Autoridad Portuaria de Gijón».

El Puerto también tenía previsto incluir la reclamación de este dinero en la declaración institucional aprobada con motivo del 20 aniversario del inicio de las obras de ampliación, pero tal y como reflejan las actas, fue Manuel Ortiz Iglesias-Ussel el que sugirió eliminar la mención. Explicó que la Comisión Europea ya había informado que trabaja en el expediente y que, desde Puertos del Estado, se entendía que la inclusión de esta referencia «no es conveniente en esta situación».

Pero la contabilización de estos 49,5 millones, «en cuanto a su registro como derecho de cobro a corto o largo plazo», no es el único aspecto que está retrasando las cuentas. Como consta en las actas del consejo, también figura el examen del derecho de cobro frente a EBHISA de cuatro millones de euros de aplazamientos de pago de tasas concedidas y conocer la «situación económico-financiera» de esta sociedad participada por El Musel y las implicaciones contables de las demandas interpuestas contra ella, en relación a los procedimientos civil y penal que se siguen en distintos juzgados por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón de sus instalaciones.

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La evaluación del riesgo por el registro de provisiones de fondos para responsabilidades por los contenciosos interpuestos por las constructoras de la ampliación también está condicionando las cuentas. El Puerto espera contar con análisis individualizados de cada demanda, las actuaciones procesales realizadas y pendientes, así como los fundamentos esgrimidos en la contestación y pruebas practicadas en defensa de los interés de El Musel. Todo ello, junto con un examen jurídico de las implicaciones derivadas permitirá al Puerto concluir la aplicación que proceda de las normas sobre provisiones y contingencias.

Este panorama propició una consulta del representante de Puertos del Estado, al que Nieves Roqueñí confirmó que sobre todas esas cuestiones se mantuvieron conversaciones con la Intervención General del Estado, «en el marco de la auditoría de cuentas del ejercicio 2024».

Respecto al expediente de cesión de la franja litoral de Naval Gijón al Ayuntamiento, Iglesias-Ussel, como consta en acta, señaló que el proceso para la emisión del informe favorable de Patrimonio del Estado había sido «complicado», por lo que indicó que se debía «poner en conocimiento de dicha dirección el planteamiento con el que se pretenda concluir el expediente».