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La Comisión Europea revisa ya el expediente de los 49,5 millones de euros de ayudas retenidas por la ampliación de El Musel. El ... Puerto gijonés reclama ahora su abono tras la sentencias absolutorias de Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas que declararon la inexistencia de irregularidades en torno a estas obras.
A preguntas de EL COMERCIO a la Dirección General de Política Regional de este órgano ejecutivo, señaló que la Autoridad Portuaria de Gijón, ahora bajo el liderazgo de la exconsejera del Principado Nieves Roqueñí, tendrá «una respuesta rápida» a su petición. «Teniendo en cuenta las conclusiones de los procedimientos nacionales, la Comisión está reevaluando el dossier (expediente). La decisión se tomará en un futuro próximo», indicaron desde Bruselas en relación con este asunto.
Las obras de ampliación de El Musel se ejecutaron entre 2005 y 2010 y la UE había concedido para la misma una ayuda de 247,5 millones de euros con cargo a los fondos de cohesión Feder que fue concedida el 13 de diciembre de 2004. Sin embargo, en virtud de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión Europea reclamó a España la devolución de los 198 millones ya abonados por Bruselas para la ampliación portuaria y retuvo los 49,5 millones que faltaban por desembolsar. Ocurrió siendo presidente Fernando Menéndez Rexach, quien dejó firmado y autorizado por la Dirección General del Tesoro la formalización de un crédito para cubrir esa cantidad y que en el momento en el que se cobrara el dinero pendiente, cancelar el préstamo. La primera reclamación de esas ayudas data de 2011.
En 2015, el Ministerio de Hacienda hizo alegaciones mostrando su disconformidad. Tras la sentencia de julio de 2023 que absolvió a cuatro excargos públicos y a los 16 directivos de la UTE Dique Torres la Secretaría General de Fondos Europeos de este ministerio ha estado en contacto con Puertos del Estado para dar trámite a la solicitud a la Comisión Europea para que se abonen a El Musel esos 49,5 millones de euros que quedaron pendientes de la subvención europea.
El presupuesto inicial de la ampliación portuaria era de 579,2 millones de euros y la Unión Europea solo abonó el 80% de los 247,5 millones de subvención aprobados para financiar esas obras puesto que la mencionada denuncia de la OLAF hizo que esos 49,5 millones que ahora reclama el Puerto gijonés quedaran congelados.
Aunque se aprobó un sobrecoste de 216,3 millones de euros, la liquidación final de la obra quedó fijada en 623,6 millones, a los que hubo que añadir otros 85,6 por la actualización de precios. Por lo tanto, el coste total de la ampliación del puerto de El Musel quedó en 708.787 euros, más IVA. En la actualidad, la Autoridad Portuaria de Gijón aún está abonando los créditos concedidos por el Banco Europeo de Inversión, de 250 millones de euros, y por Puertos del Estado, de otros 215.
El PSOE gijonés, partido que ha acabado reprobando la gestión de Laureano Lourido en sus más de nueve años al frente del Puerto gijonés, ha sido una de las voces que más ha insistido en la recuperación de la ayuda retenida por Bruselas para El Musel. Sus dirigentes locales, Monchu García y Luis Manuel Flórez, 'Floro', han defendido públicamente que esos fondos de cohesión se dediquen a inversiones en la ciudad como la transformación de Naval Gijón o la subestación eléctrica de la ZALIA.
Esos 49,5 millones en caso de ser recuperados, tal y como explicó EL COMERCIO, en su momento no se pueden destinar a inversiones. La razón es que las ayudas de los fondos de cohesión son finalistas. Van a eso y no a otro sitio.
Sectores del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, en sintonía con los socialistas gijoneses, consideran que Lourido debería haber puesto más empeño en recobrar la deuda europea. De hecho, el equipo del presidente de El Musel saliente tenía apuntado en su balance de 2023 entre las deudas a cobrar a largo plazo.
La misma sentencia penal absolutoria por el 'caso Musel' que faculta a la Autoridad Portuaria a iniciar los trámites para reclamar a Bruselas los 49,5 millones que no pagó de las obras de ampliación por dudas sobre la legalidad de las mismas, ha reactivado en el Tribunal Superior de Justicia la reclamación de 330 millones de euros por parte de la UTE Dique Torres, que ejecutó la ampliación portuaria.
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