La ciencia es el camino

España siempre fue retrasada en el gasto en investigación, desarrollo e innovación, siendo en 2023 del 1,49% del PIB, por detrás de países como Eslovenia, Hungría o la República Checa. En Asturias el gasto por habitante (276 euros) estuvo lejos de la media nacional (460). No obstante, en los dos últimos años, el aumento de la inversión en investigación ha estado a la cabeza del país. Con la nueva ley está llamado a dar un salto sustantivo, ya que en ella se estipula el crecimiento porcentual que debe tener hasta 2030, empezando por ser del 2,4% y terminando con el 4,6%. En 2030, el gasto en I+D+i llegará a ser del 3% del PIB. Estará en torno a los 1.075 millones, contando con los fondos públicos y los privados. En el debate parlamentario se hizo mención, repetidamente, al blindaje del gasto en esta materia. En el articulado de la ley se explicitan los porcentajes concretos de cada año, pero no está garantizado que esas cantidades vayan a estar en los presupuestos y, menos aún que se consuman. Dependerá de la coyuntura económica y del compromiso de los gobiernos.

La iniciativa privada juega un papel esencial en el despegue del I+D+i regional. Con la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), la Agencia Sekuens y los recursos de las empresas, se ha pasado de tener dos centros de investigación de empresas, en 2019, a dieciséis en 2024. En la actualidad hay 4.715 personas contratadas a tiempo completo trabajando en I+D+i. El mayor gasto lo han realizado las empresas, seguido de la Enseñanza Superior y la Administración Pública.

Se puede discutir sobre el futuro, cuando el statu quo formado tras la Segunda Guerra Mundial parece que se derrumba por el flanco más inesperado, pero sean cuales sean los avatares que nos aguarden, el porvenir de la región pasa por el desarrollo de la ciencia, la investigación y la innovación. Los países más avanzados han apostado por el I+D+i desde hace décadas, así que el mayor error sería privar a la investigación de recursos para dárselos a actividades que no generan valor añadido. La Junta General del Principado ha dado luz verde a un proyecto pergeñado por Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado. Doctor en Biología y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sabía muy bien lo que había que hacer con la investigación en Asturias cuando llegó al Gobierno. Que de la aplicación de la ley salga la más brillante generación de científicos asturianos de la historia y traigan prosperidad para la región.