Claves para mejorar el sistema eléctrico español
El reto de diseñar y ejecutar la transición energética supera las capacidades de una de las dos mitades en las que el populismo ha dividido España
Aunque sea obvio, conviene recordar que la utilidad de un sistema eléctrico reside en su capacidad para suministrar la energía demandada, con la calidad requerida, ... a precio competitivo, en toda circunstancia y coyuntura. La actual, es adversa, especialmente para España, debido a que renunciamos al desarrollo de la energía nuclear y a la modernización de las centrales térmicas de carbón, confiando la generación de energía eléctrica a tecnologías dependientes del viento, el sol, el agua y el gas; cuatro insumos que no gobernamos.
A los problemas del actual 'mix' de generación, hay que añadir la coraza impositiva y regulatoria que los sucesivos gobiernos de España fueron tejiendo en torno a la generación y el consumo de electricidad, que ha llegado a suponer para un consumidor doméstico el 70% del importe de su recibo eléctrico.
Dos meses de bombardeo diario por parte de los medios de comunicación acerca del incesante aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista han bastado para que la política del relato en la que estaba instalado el Gobierno del Sr. Sánchez diera paso, bajo la presión y la urgencia, al RD 17/2021 de 14 de septiembre, que ha hecho saltar por los aires el marco impositivo y regulatorio existente. Su torpe redacción ha generado inseguridad jurídica en un sector que requiere para su desarrollo de la confianza de los inversores.
La desmesurada subida del precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 -acontecida por razones técnicas, económicas, especulativas y geopolíticas- nos ha dejado la prueba indeleble de que nuestro sistema eléctrico no es resiliente. El gas a 63 euros/MWh supone un coste eléctrico repercutido de 129 euros/MWh, y el derecho de emisión de CO2 a 62 euros/tonelada otros 27 euros/MWh adicionales. La suma de ambos, alcanza los 156 euros/MWh, por lo que tras añadir el resto de costes de generación de un ciclo combinado, llegamos a los 185 euros/MWh; que es el nivel en el que se sitúa el precio máximo mayorista estos días.
¿Qué consecuencias podemos sacar del test de estrés que estamos viviendo? La primera y más importante es que cuando la política se vuelve cainita y se debilitan las instituciones del Estado, el bien común se resiente. El reto de ordenar el sistema eléctrico escapa a las capacidades de una de las dos mitades en las que el populismo ha dividido España, y en tanto no se corrija esta deriva, no avanzaremos por la senda correcta. Por ello, los fondos Next Generation no van a resolver nuestros problemas, por más que sean objeto del deseo de políticos y grupos de interés. El problema no es de naturaleza económica, aunque se manifieste en dicha dimensión, sino cuestión de buen gobierno. Sin resolver la crisis política en la que estamos inmersos, solo podemos esperar ocurrencias y parches. El sistema eléctrico, y el PNIEC en consecuencia, precisa una revisión profunda, solo alcanzable combinado el trabajo técnico riguroso con el consenso político. Entre las cuestiones clave que deben abordarse para mejorarlo, planteo las siguientes.
España fue timorata en 1983 cuando el Plan Energético Nacional decretó la moratoria nuclear. Se renunció así, en aras a un malentendido progresismo medioambiental, al desarrollo de una fuente energética respetuosa con el medio ambiente, de extraordinaria fiabilidad, que aporta potencia firme disponible al sistema como ninguna otra tecnología. España tiene que revisar sus decisiones en materia de energía nuclear, siendo esencial desarrollar un parque superior a 10.000 MW en el horizonte de 2035. Nada se está haciendo para abordar esta cuestión, desde la política, con rigor.
El desarrollo de las energías renovables en España ha sido muy oneroso para el consumidor. Una realidad que se ha ocultado sistemáticamente al ciudadano en las comunicaciones del Gobierno. Las primas a las renovables en el mes de junio ascendieron a 543 millones de euros, lo que para una generación regulada liquidada de 8.305 GWh, elevó el coste de tal partida a 65 euros/MWh. Este importe está subsumido en los llamados costes regulados, que resultan crípticos para el ciudadano, y de los cuales las redes de transporte y distribución solo suponen el 40%. Tan cuantiosas primas han condicionado las subastas de nueva capacidad renovable sin almacenamiento, que se adjudican al más barato precio, con el claro objetivo del Gobierno de reducir el coste medio de las renovables instalando más potencia eólica y fotovoltaica.
Promover soluciones de almacenamiento sin desarrollar el mercado de capacidad no es posible. La regulación europea establece que este ha de ser temporal, lo que el regulador español pretende cumplir con subastas de capacidad firme a 1 y 5 años, según el borrador de RD en discusión. Temporal y firme son conceptos que denotan antagonismo, no siendo fácil obtener una función que integre ambos. Las nuevas inversiones a realizar en hidráulica de bombeo, almacenamiento en baterías, sales y aire comprimido, captación y aprovechamiento de CO2 e hidrógeno verde, además de en la continuidad y desarrollo de las centrales nucleares y los ciclos combinados, precisan de horizontes temporales de mayor certidumbre que los que pueden conferir las subastas de capacidad a tan corto plazo.
El aumento de las interconexiones con Francia es clave para evacuar nuestra energía renovable cuando el meteoro sea favorable, evitando vertidos. Asimismo, resulta esencial para asegurar la calidad del suministro eléctrico, y para disponer de la energía de la red europea cuando nos falte el viento, el sol y/o el agua.
Pilotar, arbitrar y dar forma al 'mix' de generación y a la regulación que precisa el sistema eléctrico español, requiere de habilidades y competencias de las que carece la Sra. Ribera, por lo que el primer paso de la mejora habría de ser el de su renuncia o cese.
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