Descubrir la verdad

Si el objeto de la investigación hubiera sido un asunto habitual de la agenda política, la pertinencia de la comisión dependería de las circunstancias concretas del caso, pero estamos ante una tragedia minera, muy dolorosa, que causó cinco muertos y cuatro heridos, capaz de conmover a toda la sociedad asturiana y de hacerse un hueco entre las noticias que se leen en países lejanos. Por el buen nombre de las instituciones y el control de la actividad política es bueno que, al final, todos los partidos hayan asumido la investigación parlamentaria. Hay otro tipo de investigaciones en curso. En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea se dan los primeros pasos de la instrucción y la jueza ha pedido más funcionarios y medios telemáticos. El Principado también emprenderá dos investigaciones de carácter administrativo a través de la Comisión Especial de la Seguridad Minera y de la Inspección General del Servicios. En la búsqueda por conocer la verdad se inserta la investigación parlamentaria que presumiblemente tendrá la atención volcada en las actividades de la empresa minera, Blue Solving, así como en las medidas de seguridad que haya dispuesto para los trabajadores. También es plausible que analice las actuaciones de la Administración, en lo tocante a las inspecciones realizadas en la mina y la forma de tramitar los permisos a la empresa para que desarrollara los trabajos. Todo lo relacionado con el accidente puede y debe tratarse en la comisión. La transparencia, tan presente en los discursos públicos, exige actuar en consecuencia.

No hubo en la etapa autonómica interés por reforzar el papel de las comisiones de investigación. En el artículo 68 del reglamento de la Junta General del Principado se especifica que, si un grupo parlamentario se opone a la comisión, la creación de la comisión se someterá a votación del pleno. Un mecanismo, también presente en otras Cámaras legislativas, para evitar que las investigaciones parlamentarias afecten a los gobiernos y las administraciones. También el reglamento (art. 93) contempla que las sesiones puedan ser secretas por decisión del pleno al constituirse la comisión. El carácter secreto es la principal causa de que en España la mitad de las comisiones de investigación no lleguen a emitir dictamen. Toda esta problemática gravita sobre la comisión de Cerredo.

Es difícil de asimilar que la discusión sobre la existencia de la comisión de investigación haya llevado a un cruce de ataques entre los diputados de distintos grupos, con una carga descalificatoria como no había ocurrido en lo que va de mandato. Utilizar una herramienta parlamentaria recogida en el Estatuto de Autonomía no debería ser causa de enfrentamiento. Hay que evitar por todos los medios que se asiente en las instituciones asturianas la dinámica de la política nacional, marcada por la extrema polarización. Es triste constatar que la polarización es la causante de la paralización política en España. No nos adentremos por esa senda.

La importancia de la comisión no debería distraer a los partidos políticos de los grandes asuntos de la política asturiana que demandan soluciones, como la escasez de oferta de viviendas, los altos costes de la energía para la industria, el retraso en la red de trenes de cercanías, la rebaja del IRPF para las rentas bajas -anunciado por el presidente Barbón-, el aumento del gasto en prestaciones de la Dependencia (el más bajo de España) o reducir las listas de espera en la sanidad. Todo es urgente.