Asturias rechaza el peaje

Pese al requerimiento imperativo de la Comisión Europea, el Ministerio de Transportes rechaza el dictamen basándose en que la prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar contaba con informes jurídicos favorables. También recuerda que, en caso de rescatar el peaje, debería la empresa concesionaria recibir una indemnización por el lucro cesante. Las previsiones económicas de la empresa Aucalsa, que explota desde 1983 los 78 kilómetros de autopista entre Asturias y la meseta, contemplan unos ingresos de 1.905 millones desde el año 2024 hasta el 2050, en que termina la prórroga. La mayor parte de los ingresos son por el pago del peaje, pero también proceden de la compensación económica de la Administración central por los descuentos aplicados a transportistas y conductores habituales. En la argumentación del Ministerio de Transportes destaca como motivo de fondo para mantener el peaje del Huerna la defensa de los intereses generales de España. Se trata de una valoración política, cuando la denuncia y el procedimiento de infracción se basaron en razones jurídicas al vulnerar las normas de contratación pública. Cabe preguntarse si los intereses generales de la nación pueden satisfacerse a costa de lesionar injustamente los intereses generales de Asturias y los derechos de los ciudadanos que circulan por esa vía. Puestos a analizar en clave política la ampliación del peaje resulta paradójico que el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, asuma la postura del Gobierno de Aznar sobre la legalidad de una ampliación que todos los dirigentes socialistas de este siglo han criticado con dureza. Una vez más se comprueba que las valoraciones de los políticos dependen más de la posición en que está su partido en las instituciones, gobierno u oposición, que del contenido que se cuestiona. La resistencia del Ministerio de Transportes a cumplir con la legalidad de Bruselas es un obstáculo más a los puestos por ese departamento a Asturias, incumpliendo calendarios, anteponiendo los compromisos con otras regiones y llegando, como en el caso del vial de Jove, a deshacer una inversión de casi 300 millones que ya había licitado.

Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales comparten el afán por suprimir el peaje en la AP-66. El Principado propone que la Alianza por las Infraestructuras sirva de foro de encuentro de los diversos entes y organizaciones para luchar por el rescate del peaje. La Cámara de Comercio de Oviedo quiere reagrupar a través de una plataforma ciudadana a todo tipo de entidades para repetir la experiencia vivida con la variante de Pajares. Por cuestiones organizativas, o de mero protagonismo social, no debería frustrarse la deseable unidad de acción. La tasa de la AP-66 es un tributo extra que pagamos los asturianos. Encarece el transporte y el comercio interregional, es un coste para las industrias y penaliza al turista. Sobre el Principado recae la gran responsabilidad de defender a los asturianos de las decisiones torticeras del Ministerio de Transportes.