Más reparto y menos cálculo
El hacinamiento de miles de menores en Canarias exige una respuesta solidaria y rigurosa para garantizar los derechos de la infancia migrante
Los sucesivos retrasos en el reparto de los menores migrantes que se hacinan desde hace meses en Canarias y Ceuta son el síntoma de la ... incapacidad política para abordar en profundidad el fenómeno de la inmigración en España, un complejo reto pendiente de resolución que se ha convertido además este verano en foco de tensiones sociales en Torre Pacheco y Jumilla. El primer Consejo de Ministros tras el verano ha aprobado el mecanismo para avanzar en la distribución de 5.000 extranjeros no acompañados con una norma que fija la capacidad de acogida de cada comunidad. Hasta la fecha, las fuertes discrepancias expresadas por los partidos y los gobiernos autonómicos han echado por tierra cualquier intento de pactar una distribución racional de adolescentes alejada de los agravios territoriales y de la pugna partidista.
Los ratios para establecer los límites del sistema de protección y tutela se antojan esenciales para articular una solución desde el rigor y los esfuerzos hechos hasta la fecha por cada territorio –motivo por el que Euskadi y Cataluña no están obligadas a recibir a ningún joven, pero fuente de suspicacias en el PP por los acuerdos del nacionalismo para sostener a Pedro Sánchez–. El problema viene dado si se añaden cálculos políticos y electorales a una medida que debería estar basada en criterios solidarios para garantizar los derechos de la infancia migrante en el país, cuarta economía de la UE. Los jóvenes a la espera de un destino digno en la península son la cara más vulnerable de la crisis humanitaria en la 'frontera sur'.
A pesar de las advertencias de los tribunales, con emplazamientos a acelerar el reparto por las precarias condiciones de acogida, y de que Canarias haya solicitado la contingencia migratoria para mitigar el colapso, no se prevé una solución a corto plazo, al menos desde el consenso. Los incumplimientos de plazos del Gobierno central, que aún no ha fijado el número concreto de jóvenes que debería asumir cada comunidad, y la batalla planteada por el PP –gobierna en 11 autonomías– amenazan con entorpecer los trámites y dejar en suspenso el desenlace. Y eso no es sólo una mala noticia para los menores migrantes. También lo es para la imagen del país, cuya incapacidad vuelve a encender las alertas de Europa. La visita a Canarias de una delegación de la Eurocámara entre el 16 y el 18 de septiembre, sexta misión de vigilancia en un año, debería ser motivo para una reacción, pero ni siquiera lo será de sonrojo político.
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