Unidad ante el agravio
El Gobierno central actúa como si Asturias estuviera reclamando un privilegio territorial cuando solo pide un trato equitativo con el resto de comunidades autónomas
La Alianza por las Infraestructuras convocó a los responsables institucionales y la sociedad civil para manifestarse en Oviedo exigiendo la supresión del peaje del Huerna. ... La respuesta fue un canto a la unidad de la región, con participación de todos los partidos políticos (con la excepción de Vox), organizaciones empresariales y fuerzas sindicales, junto a ciudadanos de toda condición. Una manifestación pacífica, sin jalear consignas ni proferir amenazas, que fue acompañada por el sonido de las gaitas. Pocas veces se había dado una respuesta tan unitaria en la calle ante la petición de eliminar un tributo que nos deja en situación de inferioridad con respecto al resto de las comunidades autónomas en la comunicación con la meseta. El Principado no va a estar sólo en la disputa jurídica y administrativa con el Ministerio de Transportes que defiende vehemente la legalidad de la tasa y la conveniencia de mantenerla durante los veintinueve años en que fue prorrogada por el Gobierno de Aznar, pese al demoledor dictamen de la Comisión Europea. La protesta contra el peaje ha tomado cuerpo, es una realidad fuera de los papeles de las administraciones, y se ha abierto un hueco entre los medios nacionales. La manifestación ha servido para mostrar que la petición de suprimir el peaje no es un empeño particular del Principado, la oposición, los transportistas o cualquier otro sector de la sociedad asturiana, sino el objetivo común de toda la región. Hay variadas razones para denostar la prórroga de la tasa, pero la más contundente es su ilegalidad, argumentada por la Comisión Europea. No puede el Gobierno de España defender el mantenimiento del peaje si se aplica sobre bases falsas. La ilegalidad no es subsanable.
En el Congreso de los Diputados, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que defender el peaje. En su intervención se limitó a exponer que la culpa por prolongar el tributo corresponde al Gobierno de Aznar y, sin dar más argumentos, afirmó que rescatar el peaje tiene una connotación jurídica que el Gobierno no puede adoptar. Fuera de la Cámara Baja, y en declaraciones a los medios, el ministro se atrevió a decir que el peaje del Huerna «no pesa mucho en el ánimo de los asturianos», cree que «la agenda de los políticos asturianos está desenfocada» y considera que el peaje «no es un problema central para Asturias y los asturianos». Qué distante está el ministro de nuestras preocupaciones. Quizás nunca reparó en que somos los asturianos, y no otros, a los que nos sale más caro el viaje por autopista a Madrid. Ni desde Gerona, la ciudad más alejada de la capital de España -225 km. más distante que Gijón- se paga un precio superior. En el discurso de Puente subyace que la única causa para no suprimir la tasa es el coste del rescate. No lo dijo explícitamente, porque el restablecimiento de la legalidad no depende de facturas económicas, pero se sobreentendió en su discurso.
La manifestación en Oviedo fue el primer paso dado por los asturianos para que la circulación por la AP-66 quede libre de barreras. Desde la Alianza por las Infraestructuras se han adquirido compromisos que deben desarrollarse a partir de ahora, como coordinar actuaciones a todos los niveles (político, jurídico, administrativo), desarrollar una estrategia integral para eliminar la tasa (es preciso elaborar un documento con argumentos jurídicos y técnicos para remitir a los ámbitos pertinentes), defender la legitimidad europea, lo que implica recordar que la prórroga fue ilegal y contraria a los intereses generales, o exigir al Ministerio de Transportes que asuma el dictamen de la Comisión Europea. El consenso de los partidos políticos, grupos sociales y fuerzas económicas es la principal baza que tiene Asturias para vencer la obstinación de un Gobierno que no prorrogó el peaje, cierto, pero que pone todo su empeño en impedir que se suprima. Actúa como si Asturias estuviera reclamando un privilegio territorial cuando solo se pretende un trato equitativo con el resto de comunidades autónomas.
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