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La dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, tras la multitudinaria manifestación de protesta en Oviedo despejó las reticencias de los sindicatos ante la ... negociación. Gimena Llamedo y Guillermo Peláez realizaron una oferta que tenía como puntos más destacados la contratación de 300 especialistas en pedagogía terapéutica (PT) y en audición y lenguaje (AL), así como el incremento salarial de 105 euros mensuales para los docentes con más de seis años de antigüedad y de 170 para los que llevan menos tiempo de servicio.
Aunque parecía que había espacio para el acuerdo los portavoces sindicales anunciaron que la negociación estaba rota y la huelga seguía vigente. Discrepan sobre varios asuntos, pero el tema que llevó a la ruptura fue la subida salarial. La petición de equiparación de sueldos con el resto de comunidades autónomas acabó derivando en equiparación con Cantabria. No parece lógico tomar los datos de un territorio concreto para mejorar las nóminas de los maestros y profesores asturianos. A partir de ahí la propuesta del Principado quedó rebasada al trabajar los sindicatos con la idea de implementar subidas por encima –o muy por encima– de los 200 euros para igualar a la comunidad vecina. No obstante, las cifras varían según tengan o no acceso al plan de evaluación docente (carrera profesional). Con menos de seis años de servicio la remuneración en Cantabria es sensiblemente mayor, pero en el segundo tramo, con diez años de servicios, la diferencia empieza a ser favorable a Asturias con los aumentos propuestos por el Principado. Los cálculos se vuelven líquidos porque en Cantabria los docentes demandan, ahora, una subida importante, con lo que volverían a quedar desfasados los sueldos asturianos si se lo conceden.
Sobre las exigencias sindicales pesa la movilización de las 'camisetas negras', verdadero motor de la huelga indefinida. Un movimiento de base que descolocó a todos. El presidente Barbón señaló que la negociación se debía enmarcar «en la realidad presupuestaria». La oferta del Principado a los docentes, sumando todos los conceptos, está en 32 millones. No hay que ver la cifra como un tope rígido, pero si se actúa como si el presupuesto fuera elástico habrá que restar el dinero de otra partida. Hay margen para el acuerdo siempre que impere el pragmatismo. La ruptura de las negociaciones llegó acompañada de la dimisión de casi un centenar de directores de escuelas, colegios e institutos, anticipando un fin de curso caótico. Si no se superan las diferencias, el divorcio entre Gobierno y docentes acabará por degradar a la educación asturiana. Perderíamos todos.
La educación concertada también ocupó la calle en la movilización más grande realizada por ese sector. Equiparación salarial, reducción de la burocracia y denuncia de la sobrecarga laboral (siete horas lectivas más que la pública a la semana) son sus demandas. Le entregaron una carta con las peticiones al presidente del Principado. Si no hay una respuesta satisfactoria volverán la próxima semana a la calle. Las seiscientas trabajadoras de las escuelas públicas de cero a tres años se suman a la huelga el día 11. En una carta, doscientos docentes de FP dicen sentirse «absolutamente abandonados» y se ven en el «deber de luchar por una enseñanza de formación profesional de calidad».
Por incumplimiento de lo acordado con la consejera Marta del Arco, los comités de la plantilla de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y de la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar decidirán las acciones a seguir por los 4.000 trabajadores que hay en esos servicios. Hay un riesgo cierto de que se extienda el conflicto por otros sectores de la Administración del Principado. En una carrera por las mejoras de todo tipo, empezando por las salariales, nadie querrá quedar atrás. El Principado tiene que actuar con tacto, evitando que se enquisten los conflictos. Esa labor no servirá de mucho si los sindicatos no están a la altura del reto planteado y evitan enfrentarse a propuestas demagógicas. Es la hora de la responsabilidad.
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