La regeneración

Indultos, amnistía, cupos, coacciones, aberraciones, desmanes… Todo esto, con ser malo, pasará. La vandalización terminará con la mitad de esta banda en el trullo, y con una nueva baraja tras las elecciones. ¿Y luego? Pues ahí está la cosa. Los políticos seguirán siendo iguales, como describía Jorge Ibargüengoitia en su descarnada sátira 'Los relámpagos de agosto': «Juan era un candidato perfecto, tenía una promesa para cada gente y nunca lo oí repetirse, ni lo vi cumplir ninguna». Cómo podemos defendernos. Cómo se blinda la democracia. El problema es que la Constitución se elaboró pensando en que los políticos, si no enteramente honrados, al menos se cuidarían de parecerlo. La Carta Magna se planteaba como un campo de juego para próceres con algo de buena fe, no hacía falta que fueran nobles de cuatro costados, cristianos viejos, limpios de toda mala raza y mancha. Desde luego, nadie tenía en la cabeza la degeneración inaudita a la que estamos asistiendo. Pero una Constitución, un sistema entero, si no prevé métodos para defenderse, comienza a sufrir el asedio de los que ocupan los sillones del Congreso, la decencia decae, los esfuerzos por reventarla desde el interior se vuelven más conscientes. Al final, la democracia es como el gato de Schrödinger: sobre el papel, está, pero de facto ya no está. El final es Weimar y su 23 de marzo de 1933, cuando se vota el Decreto de Habilitación, 441 votos a favor contra 94 en contra: se aprueban plenos poderes para Hitler, se retira la facultad legislativa del Reichstag, y se acuerda prorrogarlo cada cuatro años, o sea, que colorín colorado.

En esta dinámica, las debilidades del sistema jurídico-político que en teoría nos protege de los excesos del poder son evidentes. El control del Ejecutivo debe atornillarse, la separación de poderes debe afinarse (¡no hay obligación real de presentar Presupuestos anualmente!). Los vicios en el reparto del poder judicial deben subsanarse. El Constitucional no puede reescribir sentencias judiciales ni ir más allá de sus potestades. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Banco de España no pueden ser correas de transmisión del gobierno de turno, porque ahora, como decía Lloyd George de Lord Derby, son cojines que siempre llevan impresa la marca del último hombre que se había sentado en él.

En cuanto a conciertos económicos y cupos vascos y navarros (que ahora quieren extender a Cataluña), ya es hora de corregir semejante desmán decimonónico: no es más que un atentado contra la sostenibilidad del Estado y la igualdad de los españoles.

Con la Ley Electoral estamos igual: se garantiza que los nacionalistas y los independentistas puedan ir contra el interés general (qué tal un umbral mínimo del 5% para entrar en Cortes). Es inexplicable que Junts o Bildu o PNV o ERC puedan colocar gobiernos en un país que quieren liquidar. Y es inexcusable que los políticos no deban dimitir ante la menor duda o mancha en el ejercicio de sus funciones (una vez desvirtuada su intención primigenia, los aforamientos ya no tienen sentido).

Ya no se trata sólo de que llegue el PP, o que se líe con VOX para los próximos cuatro años y haga tabula rasa de los desmanes legislativos de la izquierda. Se impone una refundación del Estado, mejoras o derogación de las leyes; consolidación de las paredes que han aguantado, retoque de las que tienen grietas, reconstrucción de los derrumbes. La prensa como contrapoder. Una RTVE implicada en la ilustración de los ciudadanos, no en la desinformación y la propaganda y el sectarismo. Los hechos como antídoto contra la polarización, los extremismos, la toxicidad. Esto ya no va de izquierda o derecha, sino de democracia liberal contra populismos autoritarios, dictaduras y teocracias. Esto va de salvar la política y, con ella, a España. La lección de estos años ha sido dura, pero si recordamos lo que escribió Boecio, podemos decir que nuestro gran destino es no agradar a los peores.