¿Cuándo se jodió España?

El grotesco espectáculo de su presidente Pedro Castillo, alias 'Sombrero Luminoso', que en apenas dos horas vertiginosas pasó de disolver el Congreso, anunciar que gobernaría por decreto y ordenar el toque de queda, a ser destituido por el mismo poder legislativo, acabar detenido mientras huía y dar con sus huesos en la cárcel, es la confirmación de que el país andino se acerca peligrosamente a la condición de estado fallido.

La acusación que pesa sobre Castillo y justifica, según la Corte Suprema peruana, su ingreso en prisión es la de delito de rebelión. Citando a la BBC, nada de sesgos mediáticos locales, el comunicado del órgano judicial le acusa de «quebrantar el orden constitucional» por haber violado el artículo 346 del Código Penal peruano, que castiga con pena privativa de libertad, no menor de diez ni mayor de veinte años, a los que cometan este delito.

A toro pasado resulta evidente que el golpe de Castillo tuvo mucho de ópera bufa, de farsa, un golpe 'fake' sin aparentes consecuencias, más allá de mostrar la desnudez de apoyos del atribulado presidente y la degradación del sistema político peruano. ¿Resta eso gravedad a su acción? No lo creo, a no ser que degrademos la figura del presidente de un país a la de un clown patético al que no conviene hacerle mucho caso. Por muy justificada que resulte esa degradación, vistos los ejemplos que proliferan por doquier, ese es el camino más rápido para la sustitución de la democracia por el autoritarismo y el Estado de Derecho por la pura arbitrariedad.

La defensa de Castillo rechazó ante la justicia que este hubiera incurrido en rebelión y argumentó que ese delito requiere que el sujeto se levante en armas, lo que está vinculado a la violencia, y que en su caso no hubo ninguna de las dos cosas. ¡Que pasaje más conocido! En mitad del debate exprés sobre la derogación de nuestro delito de sedición, llega el presidente peruano y nos coloca ante un espejo. Y es que su intento de golpe mantiene similitudes evidentes con el golpe postmoderno catalán del 1 de octubre de 2017. También una asonada desde el poder, un golpe contra la democracia usando los resortes de poder ganados democráticamente, la utilización de la propia Administración para dar el golpe o al menos el intento, la desobediencia a los requerimientos de instituciones que no sean las que uno controla. En definitiva, la desconexión del orden constitucional esquivando los mecanismos legalmente previstos.

El golpe catalán pervivió 56 segundos, lo que tardó Puigdemont en leer el primer y el segundo párrafo de la 'DUI fake'. El golpe de Castillo y su huida ocuparon dos horas, el tiempo que va desde la lectura de su trémula proclama hasta su detención a las puertas de la embajada de México. Algo más duró la huida de Puigdemont en el asiento trasero de aquel coche en el que se fue de la república que acaba de declarar. Pero ambos construyen su relato exculpatorio a posteriori argumentando que no fue para tanto, que no querían romper nada, que todo era una broma para seguir negociando.

Lo que no está en el guion es que en Perú se estén planteando rebajar la gravedad del delito que se atribuye al presidente golpista o bromista, califíquelo como usted quiera, incluso suprimir ese delito para convertirlo en una mera desobediencia o una prevaricación administrativa sin mayores consecuencias. Ni cambiar las reglas penales para que su asonada 'fake' no le acarree consecuencias económicas y, por supuesto, que no le impida retornar al poder en breve plazo. Vamos, que lo pueda volver a intentar con mayor comodidad si cabe, no seamos rencorosos. Ni atar los brazos al poder judicial que ha osado enchironar al presidente y ha actuado como el último y más eficaz escudo del sistema democrático, que eso de la 'lawfare' está muy mal visto.

Todo eso ha sucedido en España este pasado viernes de un solo trago, y como moneda de cambio de unos presupuestos que a los compañeros de viaje del Gobierno le importan un pimiento. Mientras, según una encuesta de Sigma Dos publicada ese mismo día, un 31,2% de españoles, el 47% si de votantes del PSOE hablamos, se abona a la explicación del Gobierno según la cual con todas esas reformas de lo que se trata es de homologar delitos y penas con las legislaciones de los países del entorno. No sé, quizá a estas alturas la pregunta pertinente sea ya ¿cuándo se jodió España?