El peaje pasa por las urnas
El Principado considera que la controversia en torno al peaje del Huerna está afectando a la «estabilidad institucional». Dicho con otras palabras: está afectando a ... las relaciones del Gobierno central con el Principado o, al menos, a la relación de Asturias con el Ministerio de Transportes. Desde el pasado mes de octubre, cuando se convocó la manifestación contra el peaje en Oviedo, con la participación de todo el Gobierno regional, la situación se tensó entre ambas administraciones. Ya antes de la movilización, la cúpula de Transportes, bajo formato anónimo, criticó con dureza la posición del Ejecutivo regional; las diferencias no llegaron a mayores porque nadie del Gobierno asturiano contestó a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad. Como no tienen argumentos de peso para defenderse, se refugiaron en el sectarismo y empezaron a decir que Calvo, con su discurso, reforzaba la posición del PP.
Lo cierto es que, a día de hoy, de las tres comunidades autónomas afectadas (Asturias, Castilla-León, Galicia) por la prórroga de los peajes, AP-66 (Campomanes-León) y AP-9 (Ferrol-Tui), sólo Asturias ha recurrido a la denuncia política y la movilización popular, mientras las otras dos confían en el trabajo desde los despachos. El Principado ha pedido por vía de urgencia un dictamen al Consejo Consultivo (principal órgano de asesoramiento jurídico en las comunidades autónomas) sobre la prórroga del peaje. Va a solicitar al Ministerio de Transportes que declare la nulidad del tributo y si el Gobierno no contesta en seis meses, recurrirá al Tribunal Supremo.
Dentro de veinte meses, como máximo, se celebrarán las elecciones generales. Pueden ser antes, pero nunca más tarde. Es un hecho que hay que tener presente cuando se conjetura sobre el rescate del peaje.
La ministra de Hacienda va a elevar el sueldo de los funcionarios, entre 2025 y 2028, en un 11% (según los sindicatos será aún mayor la subida). El índice de precios al consumo se incrementará, de media, un 2%. Es decir, los empleados públicos no sólo no perderán poder adquisitivo, sino que lo ganarán. ¿Alguien puede dudar de que Pedro Sánchez ya está en modo electoral? El peaje no es tan sensible como la nómina de los funcionarios, pero tres comunidades autónomas agraviadas por peajes ilegales pueden hacer que un par de escaños cambien de partido. Asturias, León y Galicia suman 34 diputados. Tras llevar siete años gobernando en minoría, Sánchez no se jugará la poltrona por los peajes.
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