Inmigración: pactos preocupantes

Como todo lo que ello me preocupa, deseo firmemente equivocarme y que, si el acuerdo acaba plasmándose en una ley orgánica, ésta sea plenamente constitucional y su ejecución no genere ni desigualdades de trato entre nuestras fronteras ni exigencias abusivas de corte nacionalista para quienes deseen entrar en España.

Pero, como se viene destacando por voces plurales del arco parlamentario, hay cosas que suenan mal, en el texto negociado y en las declaraciones eufóricas de la parte independentista, por más que, el jueves, dos ministros del Gobierno, hayan querido tranquilizarnos negando la exigencia del catalán para entrar a nuestro país. Para entrar, obviamente, los desheredados de la fortuna, porque ni los ciudadanos de otros Estados europeos –obviamente– ni las personas con recursos de otras potencias importantes van a ser examinados sobre el conocimiento de la lengua cooficial. Tampoco sobre el castellano,

La proposición de ley, que sin duda será admitida a trámite, tendrá lógicamente que ser informada y ahí es de sumo interés la opinión de los Letrados de la Cámara, altos funcionarios de gran prestigio y solvencia, requiriendo, como toda ley orgánica, de mayoría absoluta (176 votos del Congreso) para su aprobación. En el Senado, sin duda tendrá un apoyo muy bajo, pero el texto volverá a la Cámara Baja. Aunque, hoy por hoy, alguna formación de izquierdas no parece muy convencida en su apoyo por razones vinculadas al trato de la migración.

PSOE y Junts han registrado el texto del acuerdo en el que se establece como finalidad que Cataluña pueda «desarrollar un modelo propio y una política integral» en materia migratoria. Y así es, si se examina el documento legislativo, conforme al cual Cataluña asumirá las atribuciones sobre estancias de larga duración, residencia temporal y de larga duración, sanciones o gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Se viene tranquilizando a los Cuerpos de Seguridad del Estado hablando de que las atribuciones a la incrementada policía autonómica serán compartidas con Guardia Civil y Policía Nacional. Nada de eso dice el artículo 8, en el que la policía integral de Cataluña extenderá sus misiones de prevención y persecución delictiva «a la totalidad de las zonas de servicio de aeropuertos y puertos, con inclusión tanto de sus zonas de tierra como de aire, como en las aguas interiores marítimas del puerto, delimitadas conforme a lo establecido en la normativa sectorial vigente, así como a los buques y aeronaves atracados, fondeados o estacionados en los mismo». Sólo el artículo 11 se refiere a una coordinación entre Administraciones. Y si así fuera, tres cuerpos policiales más la seguridad privada van a parecer el camarote de los hermanos Marx.

También se reserva, como ya hemos dicho, el acceso al espacio Schengen de ciudadanos de terceros países y las tarjetas de identificación de las personas extranjeras autorizadas por dicha comunidad autónoma a residir, estudiar o trabajar, O sea que se trocea la competencia sobre el NIE. En fin, a modo de curiosidad, también se difumina el control del Estado sobre estas facultades delegadas, ya que la referencia que el artículo 12.9 de la proposición hace al clarísimo artículo 153.b) de la Constitución, se mezcla con otros sorprendentes controles inversos.

Reitero lo dicho más atrás. Ojalá mi inquietud como ciudadano, de izquierdas y estudioso desde hace muchos años de esta concreta técnica delegaticia, esté infundada y la praxis y el Tribunal Constitucional nos tranquilicen. De momento, quizá se haya salvado el escollo de los presupuestos. Para los próximos, a saber qué se exige.

Pero, con todo, más me preocupa el tufo que desprenden esos «riesgos para la convivencia y la cohesión social» y lo que los nacionalistas llaman «grado de catalanidad» que incluiría la exigencia de «deberes claros» que garanticen el «respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad». Un plural de extensión dudosa.

Y, por cierto, para quienes abominen de esta futura norma: que no piensen que un cambio en la mayoría del Congreso va a rectificarla. Nunca se ha hecho y máxime cuando no se quiere estar a mal con las minorías nacionalistas, tan necesarias para formar Gobierno y mantenerlo.