Oportunidad para afrontar la tercera reconversión industrial

Una vez iniciada la década de los 80 y mientras un ministro del gobierno de Felipe González lanzaba aquel mensaje desafortunado de que «la mejor política industrial es la que no existe», se inicia una brutal reconversión (inicialmente centrada en naval y siderúrgico) que dio pie a una fuerte contestación obrera, respondida con una serie de iniciativas de ambas administraciones y, en especial, de la regional. Así, el primer Gobierno de la autonomía asturiana, presidido por Pedro de Silva, pone en práctica determinadas iniciativas:

-Creación del Instituto de Fomento Regional (1983), con su Sociedad Operativa (SRP), reconvertida en el actual Instituto de Desarrollo Empresarial del Principado (IDEPA). -Aprobación del documento CREP, un informe que planteaba propuestas de reindustrialización a través de las entonces abundantes empresas públicas industriales estatales. -Creación del CES regional (1988). -Importantes esfuerzos por implicar a entidades financieras regionales en proyectos reindustrializadores. Ayudas a fondo perdido a través de la ZUR o la ZID y más adelante a través de la LIR. -Se crearon otros instrumentos, como por ejemplo el SAYPE, la FICYT o SODECO que complementaron un complejo sistema cuya gestión siempre fue manifiestamente mejorable

En una primera fase, a pesar de situarnos en un entorno muy poco propicio para desarrollar medidas encaminadas a frenar el deterioro industrial, hubo avances: creación de infraestructuras industriales, aparición de nuevas empresas amparadas y potenciadas a través del sector público, instauración de importantes multinacionales como DuPont o Thyssen y llegada de las primeras ayudas de la UE para solucionar los graves y tradicionales desequilibrios estructurales asturianos: las comunicaciones o las infraestructuras clásicas y la formación para el empleo.

De cualquier forma, la actuación de estos mecanismos se ha manifestado insuficiente para superar las deficiencias de nuestro tejido productivo y la falta de diversificación. Así, entre 1980 y 1993 el empleo se redujo en unos 65.100 puestos de trabajo (-16,8 %), 48.400 en la industria, y de ellos 30.000 en las empresas públicas industriales. Nuestra tasa de actividad y empleo se situó a la cola de España, y en cabeza los índices de paro juvenil, femenino y de larga duración, posición que no ha abandonado 35 años después. De forma muy esquemática podemos señalar alguno de los factores claves que hicieron que la Asturias industrial de fin de siglo cayese hasta unos niveles irreconocibles:

-Renuncia del Estado a una política activa industrial. -Desdoblamiento e ineficacia de los instrumentos de promoción industrial, sujetos a variables decisivas: descoordinación en su funcionalidad; ansiedad en la rentabilidad cortoplacista y falta de unos criterios en el modelo de desarrollo que incidan tanto en el ámbito sectorial como territorial.

La segunda reconversión de la industria asturiana viene de la mano del carbón, a lo que se añade, posteriormente, el desmantelamiento de las térmicas. Sin haber finalizado la reconversión del naval y del metal en general, surge, con toda su crudeza a principios de los 90 la de la minería del carbón, lo que dio lugar a otro gran rechazo sindical manifestado a través del encierro, en el pozo Barredo, de los principales dirigentes de los sindicatos mineros SOMA-UGT y CC.OO. Este proceso viene de la mano de varios planes de reordenación del sector minero en el conjunto del Estado, siguiendo directrices de la UE, cuyo objetivo final era y es la desaparición del carbón como fuente energética. Dichos planes tenían una adenda especial: proponer una serie de iniciativas reindustrializadoras, especialmente en aquellos territorios más afectados por la descarbonización.

Para la reactivación de las cuencas (tanto la central como la de suroccidente), se utilizaron determinados mecanismos autonómicos de carácter público y mixto y tanto de ámbito regional como comarcal (Sodeco, Fucomi, Valnalon) o incluso empresarial (Sadim, como sociedad de capital-riesgo, dependiente de Hunosa). Siempre resulta difícil valorar el resultado de estas iniciativas, si bien por lo que los economistas denominamos como 'costes de oportunidad', el resultado hubiese sido mucho peor si no se hubiesen aplicado.

Los sucesivos planes estatales de la minería supusieron la llegada de una importante remesa de recursos económicos que, sin embargo, apenas contribuyeron a reactivar unas zonas castigadas desde hace más de cincuenta años. Las razones para explicar este hecho son múltiples y complejas: falta de previsión y planificación de las inversiones, prejuicios empresariales para ubicarse en las comarcas mineras, incumplimientos por parte de las Administraciones en sus obligaciones financieras y urbanísticas, así como la llegada de la crisis en 2008, que borró del mapa algunas iniciativas que tenían visos de renovar el deteriorado tejido industrial de las cuencas.

Desde la integración de España en la UE, la tendencia poblacional ha sido claramente decreciente: -7% en el conjunto de la región, destacando en las cuencas un retroceso del 33%. En cuanto al empleo, Asturias perdió un 2,5% de la ocupación que había en 1991, en un contexto en el que el empleo industrial cayó un 33%. Mucho peores fueron los datos en las cuencas, en donde la pérdida del empleo se acercó al 35% y el de la ocupación industrial un 75%.

Y cuando está a punto de finalizar la segunda década del siglo XXI, llega una tercera reconversión impulsada por varios frentes: una transición energética a la cual se le añade, como consecuencia del cambio climático, una crisis medioambiental que nos dirige hacia una economía verde y el afianzamiento de una economía digital, a las puertas de una economía basada en la inteligencia artificial.

En medio, salta la pandemia, que intensifica todo el proceso y, al mismo tiempo, hace modificar las prioridades no solamente respecto a las necesidades del sistema, sino a la financiación de las mismas. En esta línea se enmarca la duplicación del presupuesto de la UE para hacer frente a una serie de objetivos prioritarios, muchos de los cuales son esenciales para el devenir económico e industrial de Asturias: no sabemos de qué cuantía podemos hablar para Asturias, pero es evidente que debe reflejarse en un plan, que ajuste y complemente la Estrategia Industrial Asturias 2030, recientemente consensuada con los principales agentes sociales y políticos de la comunidad autónoma.

Entramos, pues, en una fase decisiva para nuestro futuro industrial, en la que los fondos de recuperación provenientes de la UE no los podemos desaprovechar ni dejarlos al amparo del libre mercado ni de la competencia desleal de otros territorios.