Pacto por la vivienda
La caída de la oferta y la subida del precio crean un mercado especulativo que debe serenar el acuerdo entre instituciones y agentes
El problema del acceso a la vivienda se agudiza. Cae el stock de viviendas, la gran mayoría de segunda mano, y el precio aumenta. Desde ... el inicio de 2024 los inmuebles se han convertido en un bien especulativo al ser el activo preferido por los inversores, sabedores del aumento de su valor en el corto plazo. Desde la víspera de la crisis de las hipotecas subprime (julio 2007) nunca se habían realizado tantas operaciones como en el último trimestre de 2024. En doce meses las compraventas de viviendas crecieron por encima del 50%. El tipo de interés bajó y el encarecimiento de los alquileres colaboran a hinchar la burbuja. Los efectos sociales son perjudiciales, con un sector de la población que no puede pensar en comprar y que ve cómo se ha restringido la oferta de alquiler por la falta de seguridad jurídica al establecer un tope a las revisiones de renta que se regirá por un índice de precios que irá por debajo del IPC.
El déficit de viviendas en España proviene de la Gran Recesión. Durante una década, 2010-2020, apenas se construyeron viviendas. Las grúas desaparecieron de nuestros cascos urbanos. La labor de recuperación del mercado pasa por el crecimiento de la oferta. Hay varias formas de hacerlo. Pedro Sánchez expuso esta semana su programa que tiene como elemento principal la contención de los precios con el aumento de la vivienda pública, para lo cual creará una empresa estatal de la vivienda que promoverá y construirá vivienda protegida. Para fomentar el alquiler aplicará una exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen viviendas según un índice de referencia. En el programa se propone limitar la compra de vivienda de ciudadanos extracomunitarios no residentes al elevar el 100% el gravamen fiscal. Una medida hostil que puede dañar al turismo. Pedro Sánchez comparó la intervención pública en la vivienda con la realizada en el mercado energético. Son dos realidades distintas. En la energía hay un oligopolio, con cuatro operadores dominantes, y la demanda está formada por decenas de millones de ciudadanos que firman con los operadores lo que jurídicamente se llama, 'contratos de adhesión'. En la vivienda, la demanda y la oferta están atomizadas; los grandes tenedores (más de 10 viviendas), que son 27.000, no tienen capacidad de influencia en los precios.
En la línea de primar la actuación pública, el consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, presentó el programa Alquilámoste, que pretende intermediar entre los propietarios de pisos vacíos y los demandantes de alquiler. Garantiza a los propietarios siete años de renta, aunque el piso esté vacío. La renta estaría en función del barrio, la calificación energética de la vivienda y las condiciones de accesibilidad. El inquilino no pagaría por encima de un tercio de sus ingresos, correspondiéndole a la Administración abonar al propietario lo que excediera de esa cantidad. Al terminar el plazo, el inmueble se devolvería a su dueño. Un sistema de intervencionismo acusado, en que todos los elementos contractuales los fija la Administración.
No es difícil adivinar que las rentas puestas por los gestores del programa serán bajas y la mayoría de las viviendas entregadas por los particulares estarán envejecidas o devaluadas. Es la única forma de crear el artificio de que cualquier ciudadano, con un tercio de sus ingresos, puede tener una vivienda, sin que la Administración corra con excesivos gastos. El programa cuenta con un fondo de un millón de euros, una cantidad demasiado reducida para cambiar el mercado del alquiler.
Frente al aumento de la oferta pública, Feijóo presentó en Colunga su plan para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes a través de la liberación de suelo de las comunidades autónomas, con entente público-privada para construir viviendas a precio aceptable, acortando la tramitación de licencias, bajando impuestos y extendiendo los avales del ICO hasta los compradores de 40 años. Como se puede comprobar son planes distintos que deberían armonizarse en un pacto de Estado por la vivienda.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
