Presente y futuro de la industria siderúrgica

La nueva crisis se asienta en causas coyunturales y estructurales. Entre las primeras, la caída de la producción de acero en Europa, que alcanzará el -10,4% en 2020, debido a la contracción de la demanda por causa de la pandemia. Entre las estructurales, la sobrecapacidad mundial, que se traduce en importaciones de acero extra comunitario, producido en condiciones regulatorias menos gravosas, y que procede, principalmente, de Turquía, la Federación Rusa y Corea del Sur.

Por ello, limitar el análisis del problema a las causas concretas que motivan la discusión acerca del alcance e intensidad de los ajustes que negocian las partes en ArcelorMittal sería un error. La cuestión se incardina en la regresión de la actividad industrial en Europa. En los últimos 10 años, la producción de acero de la UE 28 ha descendido el 10%, y en España el 17%. Los ajustes de capacidad continúan. Europa no lidera el consumo per cápita de acero, el de España es menor que el de Vietnam, y el de Corea del Sur triplica al de Alemania. Polonia es una excepción, con un crecimiento de su producción del 53% en la última década.

Los costes regulatorios europeos lastran la competitividad de la industria siderúrgica. La ambición climática, con objetivos formulados y reformulados, siempre al alza, tiene traducción directa en el aumento de los costes de producción de la industria europea, incapaz de competir con empresas ubicadas en territorios con menores exigencias climáticas y regulatorias. En ocasiones, participadas o subvencionadas por sus estados, incumpliendo las reglas de la OIC.

Se viene insistiendo, desde distintos ámbitos políticos y empresariales, en la imposición del llamado arancel verde en frontera a las importaciones de productos fabricados con una mayor huella de carbono que los europeos. Es una iniciativa que considero de compleja aplicación, ya que al productor no comunitario le afectaría solo en sus exportaciones a la UE 28, en tanto que los productores europeos no serían competitivos en el mercado exterior, dado el mayor coste de su acero producido con menor huella de carbono. La implantación del arancel verde afectaría a toda la cadena de valor.

Considero más apropiado el fomento por parte de la UE de ayudas a la innovación y a la inversión en la implantación de tecnologías de producción que permitan reducciones significativas de las emisiones de la industria, así como el apoyo a la creación de mercados internacionales para los productos con ellas fabricados. Si esta política se combina con una decidida y coordinada acción de Europa, Estados Unidos y Japón, en la definición de los tipos de subsidios estatales prohibidos, así como en las sanciones a los países que no corrijan las sobrecapacidades identificadas, avanzaríamos en la senda correcta.

España tiene pendiente el encaje de las energías renovables con las necesidades de la industria básica. Mi convicción, ya expuesta en tribunas previas, es que el estatuto de la industria electrointensiva no es el instrumento que precisa la industria básica. Llega tarde y no cubrirá las expectativas. La reversión a la industria de los ingresos por derechos de emisión de CO2 es menguante, por la menor huella de carbono del 'mix' de generación eléctrica en España, tras el cierre de las centrales térmicas de carbón, y por el creciente déficit de tarifa, que en el año 2019 se estimaba en 1.200 millones de euros, cuya compensación requerirá del uso de los ingresos por emisiones de CO2 para evitar la subida de los peajes en 2021. Por ello, hacen falta otro tipo de medidas. Se necesitan instrumentos más poderosos, los llamados contratos por diferencia, que garanticen un precio competitivo, tanto para el promotor de energía renovable como para el consumidor industrial. Pactando entre ambos, y con el operador del mercado, un precio de referencia y un mecanismo bidireccional de compensación de las diferencias entre el precio acordado y el precio de mercado, se pueden poner las EERR al servicio de la industria estratégica en España.

En nuestra región, la problemática tiene particularidades significativas. El viento perenne de la destrucción creativa no ha funcionado en Asturias. La destrucción de empleo industrial ha sido superior, en la serie histórica, al de creación de puestos de trabajo en nuevas actividades tecnológicas. La economía asturiana se ha terciarizado en exceso.

La industria verde y digital no puede construirse sobre las ruinas de nuestra base industrial histórica. Tampoco conviene elevar las expectativas de transformación de la estructura económica por encima de lo razonable. Para acometer grandes retos, se necesita confianza y buena gobernanza. La confianza no se compra con fondos, simplemente, se merece. Por ello, es tarea de todos, y responsabilidad de quienes están al mando, defender nuestra industria siderúrgica, metalúrgica y energética. Si la perdemos, no habrá otra sustitutiva, y la región se empobrecerá.

La tarea más urgente, en la que Asturias tiene que ocupar su agenda, es la defensa inteligente de los empleos industriales que existían antes de que la Sra. Ribera iniciara sus diatribas en 2018. Quien piense que la solución pasa por la titularidad pública de las industrias básicas, o es un ingenuo que añora tiempos pasados que no volverán, o un peligroso e ignorante dirigente heterodoxo, lo cual, es más grave.