Una reforma que urge
PLAZA MAYOR ·
Si de algo no se puede acusar al alcalde ovetense es de falta de claridad o concreción en el planteamiento de sus objetivos. Ahí está, ... como ejemplo palmario, la exigencia de que la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias incluya la obligación de establecer una aportación presupuestaria que refuerce la condición capitalina de Oviedo, el derecho, en fin, a que el ejercicio de la capitalidad sea remunerado con cargo al erario regional. Lo inexplicado es el porqué de esa reclamación. No se tiene en pie el argumento de que la capitalidad sea una carga, una servidumbre o fuente de inconvenientes. Al contrario. Puede imaginarse sin dificultad la dimensión demográfica de Oviedo si no fuera la capital de la provincia inventada por Javier de Burgos en 1833 (todo para Oviedo, hasta el nombre del territorio astur le fue atribuido durante 149 años). ¿Una ciudad de servicios? ¿De servicios a quién, sin los habitantes que tiene gracias a la capitalidad? De la capitalidad solo se derivan beneficios, incluso privilegios. Añadir una remuneración presupuestaria por disfrutar de esa situación ventajosa en relación con el resto de los municipios resulta un sarcasmo a la vez que un sinsentido.
Es chocante, sin embargo, que la intempestiva reivindicación cantelina, que parece tener la bendición del presidente Barbón, no haya hecho mella en la sensibilidad de los dirigentes de los concejos que podrían considerarse justamente agraviados si se consumara la operación. Por lo visto hasta ahora, Gijón, Avilés, Siero, los municipios asturianos más poblados, todos ellos con alcaldías en manos del PSOE, no tienen nada que decir. He aquí una muestra de degradación política, ayuntamientos convertidos en sucursales del poder central, o de los aparatos de los partidos políticos. ¿Qué fue de la autonomía municipal?
La misma situación de prevalencia de los aparatos de las formaciones políticas se manifiesta en la composición de la Junta General del Principado, efecto de una ley electoral obsoleta, cuya reforma es más urgente que la del Estatuto de Autonomía, para adaptarla a la realidad demográfica si, como aconseja el sentido común, se legisla y se gobierna para las personas, no para las hectáreas.
La actual Junta General está compuesta por 45 diputados elegidos en tres circunscripciones electorales, la central (29 municipios, 34 parlamentarios), la occidental (32 concejos, seis diputados) y la oriental (17 ayuntamientos, cinco diputados). Una fragmentación absurda, en su origen basada en fortalecer la representación de las alas de la región (un camelo, sitúa a Villaviciosa en el ala oriental, igual que las Peñamelleras). Con la mejora en las comunicaciones y en toda clase de infraestructuras carece de sentido ese artificioso reparto de diputados, que en el fondo es desde el principio una forma de beneficiar a los partidos con mayor implantación territorial, otra forma de poner a las hectáreas por delante de las personas.
La realidad es que los 11 diputados de las circunscripciones occidental y oriental representan a una población conjunta de 173.830 personas, el 17,06 % de la población asturiana (1.018.784 habitantes) lo que equivale a un diputado por 15.802 habitantes, mientras que la población de la circunscripción central, 844.54 personas, el 82,93 % de los habitantes de Asturias, está representada por 34 parlamentarios, a razón de un escaño por 24.851 habitantes. Una desproporción que urge corregir por imperativo de la proporcionalidad y de la adaptación a la realidad.
Hay otro llamativo desequilibrio en la procedencia territorial de los diputados de la circunscripción central, aunque de esta anomalía solo son responsables los muñidores de las listas electorales y quienes consienten sus cacicadas. De los 34 parlamentarios, seis son de Oviedo; cinco, de Gijón; cuatro, de Avilés; cuatro, de Langreo; otros cuatro, de Laviana, y tres de San Martín del Rey Aurelio, por citar las cifras más significativas. Así, de Laviana y San Martín de Rey Aurelio proceden siete diputados, uno más que los seis de Gijón. Los dos municipios exmineros suman 28.699 habitantes, el 3,39 % de la población de la circunscripción central (y el 2,81 % de los habitantes de Asturias) tienen el 20,58 de los 34 diputados y salen a 4.096 habitantes por diputado. Gijón 271.717 habitantes, el 32,15 % de la población de la circunscripción central (y el 26,67 % de la asturiana) tiene el 14,7 % de los 34 parlamentarios, uno por 54.343 habitantes. En este sentido, la infrarrepresentación de Gijón y la sobrerrepresentación de Laviana y San Martín del Rey Aurelio son efectos perversos de las atribuciones de los aparatos de los partidos políticos, otro triunfo de las hectáreas sobre las personas. Es fenómeno apreciable en Gijón, tierra conquistada de un sindicato minero sin mineros, víctima del barboneo del Gobierno regional, que no paga su deuda histórica (estación de autobuses, Hospital de Cabueñes) sin que se alce una voz que diga basta.
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