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El próximo 31 de marzo se cumplirán dos años del pavoroso incendio provocado que arrasó 99 hectáreas del monte Naranco, en Oviedo, ... obligó a desalojar a un centenar de vecinos y amenazó al milenario Prerrománico. Durante la investigación policial que siguió a la catástrofe, uno de los equipos fundamentales para determinar los puntos donde se inició el fuego fue el que conforma la base delegada de la Unidad Aérea de la Policía en Asturias y sus drones, equipados con modernas cámaras térmicas, que hallaron, una vez apagadas las llamas, el reguero de focos con sus característicos conos de fuego. Una unidad de especialistas formada por cinco experimentados pilotos de drones que lidera el inspector jefe Carlos Álvarez y que este viernes abrió las puertas de su despacho en el cuartel de Buenavista a EL COMERCIO para narrar cómo trabajan y demostrarlo, de paso, subiendo al Naranco con todo el equipamiento.
A pesar de su reciente creación –la unidad echó a volar en septiembre de 2020–, se ha convertido en un indispensable de la práctica mayoría de operativos. «El dron nos ofrece una visión desde el aire más discreta y versátil que la de un helicóptero; los utilizamos para el apoyo operativo de seguimientos, vigilancias, entradas y registros, inspecciones oculares, incendios, levantamiento de cadáveres o búsqueda de desaparecidos», enumera el inspector jefe.
En Mieres localizaron a una persona fallecida en el río, también formaron parte de las labores de búsqueda en el caso del descuartizado de Langreo y, en ese sentido, continúa, la cámara térmica permite encontrar todo aquello que no se ve a simple vista durante el día con mayor facilidad. Los drones también se usan para realizar reconocimientos en zonas donde es muy peligroso acceder con el helicóptero o en lugares estrechos como podría ser el interior de un edificio. Las aplicaciones, sostiene Álvarez, son prácticamente ilimitadas cuando se encuentra en manos de un policía.
«Como herramienta, un dron tiene posibilidades infinitas tanto para el bien como para el mal», sentencia. Es por ello, añade, y sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, donde se ha demostrado que «un dron de apenas quinientos euros puede destruir un tanque de siete millones» si se dota con la tecnología oportuna, «que la gente se ha dado cuenta de que no es un juguete». Un dron «también es todo lo que puede transportar: contrabando de drogas, armas en una cárcel..., y luego está el asunto de la vulneración del derecho a la intimidad. Puedes estar en la terraza de tu finca tomando el sol y de pronto te están grabando desde el aire».
Ahí es donde entran en juego Álvarez y sus hombres. «Supervisamos las actividades de los operadores a nivel recreativo y profesional que vuelan en Asturias para garantizar la seguridad aérea y de los espacios públicos. Es especialmente importante blindar la seguridad en los entornos urbanos y en aquellas áreas como autovías, autopistas, vías férreas e infraestructuras críticas que puedan representar un peligro para sus usuarios».
También en grandes citas como los Premios Princesa, el derbi asturiano, fiestas como San Mateo, el Carmín de la Pola o Begoña, en Gijón. Para ello cuentan con sistemas de detección e inhibición de drones intrusos tanto fijos como móviles. En determinados casos –y esto ya ha ocurrido– pueden derribarlos gracias a una pistola con la que interfieren en sus sistemas y los dejan prácticamente inservibles.
Captan, de media, cincuenta drones al mes, «aunque no todos son intrusos, también los hay autorizados». Eso sí, destaca el inspector jefe, «hasta la fecha no nos hemos encontrado con ninguno que llevase malas intenciones».
La experiencia del equipo también es de primer nivel. «Hemos trabajado en las Olimpiadas de París, colaborando con la policía francesa, y –entre otras citas– en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en 2022; para nosotros fue una prueba de fuego y salió muy bien», celebra.
Aun así, recalca la necesidad de que la población entienda que no se puede volar un dron en cualquier parte. «Se requieren una serie de permisos, notificarlo al Ministerio del Interior y comprobar las restricciones en un lugar determinado, para lo que existe una aplicación que se llama Enaire Drones». A partir de ahí, debe ser operado a una altura máxima de 120 metros, no puede volar sobre aglomeraciones de personas, edificios o zonas urbanas –mucho menos cerca de aeropuertos– y es obligatorio contar con un seguro.
«Un dron es como un coche o un camión: se requieren permisos, conocimientos, documentación y habilitaciones». Sólo de esta forma se pueden evitar multas «muy elevadas» y de las que se encarga la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). Las sanciones oscilan entre los 60 euros y los 225.000 en caso de vuelos recreativos, o desde los 4.500 euros y hasta cifras más elevadas de los 225.000 en uso profesional para la captación de imágenes.
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