La jueza divide la 'operación Enredadera' en 30 piezas para agilizar la instrucción de la causa

En realidad, la macrocausa parece haber avanzado poco en lo que toca a los posibles delitos cometidos por los funcionarios municipales investigados. En parte por su volumen, pero también por las dilaciones que la pléyade de encausados ha ido introduciendo. En diciembre de 2019 se citó al comisario para que se presentase ante el Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Barcelona para el volcado de los soportes y dispositivos electrónicos intervenidos por la UDEF durante los registros en el edificio de Seguridad Ciudadana y en su domicilio particular. Este solicitó la suspensión de la diligencia, alegando otro señalamiento de su letrado, y le fue concedida, pero no se ha fijado nueva fecha para «realizar el desprecinto, volcado y clonado de los discos duros». López también reclamó por entonces la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros, pero el magistrado acordó mantener el procedimiento dirigido contra él. Además, avaló la personación del Ayuntamiento en la causa, «está bien personada y comparecida el Ayuntamiento de Oviedo como acusación particular».

Pese a ello, el equipo de gobierno, que había aprobado mantener la personación ante un recurso del Sipla en 2019, la retiró un año después ante uno idéntico del propio investigado, al que también restituyó el mando del servicio pese a seguir siendo investigado en la causa o a las revelaciones de parte de las escuchas telefónicas.

En un auto reciente la jueza reconocía lo «acertado» del nombre con el que la Policía bautizó la operación y criticaba por «insostenible la inadecuada (por dilatada) instrucción» de la macrocausa, «fruto de la extensión que ha alcanzado, volumen ingente de documental, número de investigados, cuyo resultado implica un enmarañado análisis de la causa».

En el caso de Oviedo, las escuchas al comisario derivaron en otra serie de hallazgos fortuitos -por retiradas de multas, por ejemplo-, que instruidos en juzgados locales, fueron archivados todos. Queda el resto, lo que no es fortuito, lo que investigaba la UDEF: si existía una trama corrupta para hacerse con contratos de tráfico o policiales a cambio de mordidas a los mandos.

De nuevo en lo tocante a Oviedo, tras los registros de la UDEF, el Ayuntamiento paralizó los contratos de Seguridad Ciudadana en tramitación y también el de alumbrado, ante las dudas acerca de si López y su subordinado favorecieron a Aplicaciones Gespol, Bilbomática u otra de las empresas citadas en las escuchas, Aluvisa, actual y controvertida adjudicataria del control del tráfico en la ciudad. Todo ello se resolverá ahora en un juzgado de Oviedo.

La decisión de separar la causa en múltiples procesos debería agilizar una instrucción que apenas ha avanzado, atascada entre recursos de los investigados y por la ingente cantidad de información recabada por la UDEF, como decía la jueza. La madeja a desenredar es la misma, en cambio: si el jefe de la Policía Local y su subordinado favorecieron de manera ilícita a empresas en diversos contratos. En medio, dos empresarios o intermediarios: Ángel Luis García Martí, alias 'El patatero' y un exsocio de este, que se convierte en el delegado de la empresa Aluvisa en Oviedo, tras un acuerdo entre ambos por el que el primero se habría embolsado el pago de 284.000 euros por conseguir el contrato de mantenimiento de la red de tráfico y el segundo, la delegación de la firma en la ciudad. 'El patatero' declarará luego ante los agentes sentirse engañado por López.

Los hilos son difíciles de seguir. Las conversaciones comprometedoras entre los investigados cesan de manera casi repentina desde mediados de mayo de 2017, justo después de que el Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, citase a José Manuel López a una comida para la que le pidió «discreción absoluta».