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«Volvería a hacer lo mismo, una y mil veces». La doctora acusada de un delito de homicidio por imprudencia grave tras la muerte de una paciente ... de 73 años en una clínica privada de Oviedo en 2018 –por el que cual la Fiscalía le pide un año de cárcel y tres de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina– sostuvo que «no le cabe ninguna duda» de que cuando le pautó sólo cuidados palitivos, esta «se encontraba en un proceso de muerte instaurada; lo único que puedo hacer en ese momento es aliviar su sufrimiento porque no hay más que hacer», afirmó.
Serena y segura de su proceder, declaró ante la magistrada juez del Juzgado de lo Penal número 2 sobre los hechos desencadenados el 6 de enero de 2018, cuando falleció la paciente. La doctora, médico de familia y que sigue trabajando en la misma clínica, fue quien ordenó el ingreso de la mujer por «la fragilidad que presentaba» el 2 de enero. Quedó en planta a cargo de un médico internista y la acusada no volvió a ver a la paciente hasta las diez de la mañana del día de Reyes, cuando acaba de entrar de guardia en el servicio de urgencias.
Recibió una llamada para que subiera a planta. «Me avisaron por una situación agónica», relató. «La situación pintaba muy fea. Había pasado toda la noche sola y no había ningún familiar». Tras explorarla, concluyó que «se encontraba en un proceso de muerte instaurado, no me crea ninguna duda». Trató sin éxito, dijo, de contactar con sus familiares al «ver el desenlace final, porque era una crónica de una muerte anunciada», y pidió que le pusieran «oxígeno y morfina para intentar aliviar un síntoma de agonía claro».
El médico internista que había seguido la evolución de la paciente desde su ingreso –y que el Ministerio Fiscal pidió al inicio del juicio que fuera llamado a declarar en próximos días como nueva prueba testifical pericial– no se encontraba en la clínica. La acusada, entonces, le llamó porque «esta señora se estaba muriendo sola» y su médico «debía conocer la situación». Sin embargo, media hora después de habérsele administrado los cuidados paliatativos, la paciente murió. «Le digo al doctor por teléfono que ha fallecido y le indico que me ayude a esclarecer la causa de defunción» para ponerla en el informe, «y me dice que ponga edema agudo de pulmón».
La doctora declaró estos hechos a preguntas de las acusaciones y la defensa. Lo hizo tranquila y se proclamó «inocente» de la acusación de homicidio por imprudencia grave, que le atribuye la Fiscalía. Porque, según su escrito, tras realizar «una impresión diagnóstica de edema agudo de pulmón, la doctora hizo caso omiso de lo que marca el protocolo» –consistente en monitorización, vigilancia, oxígeno y fármacos como la dobutamina–; un protocolo que debe de aplicarse de inmediato, y no se hizo, «pues de lo contrario el paciente fallece».
Un hijo de la víctima, llamado a declarar tras la acusada, remarcó que, junto a su hermana, llevaron a su madre –que residía sola en Avilés– a la clínica privada de Oviedo porque «tenía pocas ganas de salir y de comer» y para que «le hicieran pruebas». Ya había estado, previamente, en el mes de diciembre en el hospital San Angustín, y «le dieron el alta porque no tenía nada grave». Como «paciente particular», la llevaron el 2 de enero a la clínica de Oviedo. El 5 de enero, prosiguió, su médico internista «nos dijo que estaba mucho mejor; no nos informaron de una situación de gravedad» y el 6 de enero recibieron la llamada del fallecimiento. «Nos quedamos fríos, era un desenlace totalmente inesperado».
Tras esa mejoría inicial detectada, en la madrugada del día 5 de enero, la paciente presentó un estado de agitación y cayó de la cama, golpeándose. «Sorpresivamente, después del día 5 no hay anotaciones médicas», destacó el médico forense, llamado por la juez, y de la caída «saltamos al día 6», entrando pues en el terreno de las «hipótesis». Con todo –si el deceso es por el citado edema o por un tromboembolismo pulmonar– «podría estar justificado un gesto terapéutico, aunque muy probablemente habría sido infructuoso», remarcó.
Cada uno de los hijos de la paciente ya han recibido por parte de la propietaria de la clínica 25.527 euros de indemnización al haberse infringido la lex artis ad hoc exigible. El Ministerio Fiscal, en concepto de responsabilidad civil, pide a la acusada que indemnice a los hijos con 60.000 euros, descontándose de ella la cantidad recibida por la clínica.
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