Los opositores estudian llevar a los tribunales al Ayuntamiemto

La anulación del concurso de oposición para optar a los 29 puestos del servicio de Recaudación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, también se cobró una víctima colateral: los opositores que se presentaron a los exámenes en octubre de 2016.

En julio del año pasado presentaron 125 reclamaciones por vía administrativa. Reclamaban mantener los puestos asignados y conocer las notas de los exámenes que faltan por publicar tras la paralización judicial de las oposiciones. Cinco quejas interpuestas por las cinco personas que ya tenían asignadas sus plazas dentro del servicio y las de los 120 opositores que aún desconocen las notas de los ejercicios de los puestos de administrativo y auxiliar. El Ayuntamiento tenía seis meses para contestar, si no lo hacía los opositores amenazaban con iniciar las demandas vía judicial. Cumplido el medio año, el pasado mes de enero el Consistorio dio la callada por respuesta en lo que se conoce como silencio administrativo. Algunos opositores barajan ya comezar las demandas judiciales. Tienen hasta el mes de julio para presentarlas.

Según ha podido saber este periódico, los cicno opositores que ya tenían asignadas sus plazas dentro del servicio de Recaudación, tras haber superado las pruebas teóricas y prácticas serían los primeros en iniciar el contencioso. Piden que, en el caso de convocar nuevas oposiciones, como así está previsto de cara al próximo año, se les mantengan los puestos asignados y que la sentencia del TSJA echó por tierra.

Menos decidido lo tienen los 120 opositores que reclamaron administrativamente conocer el resultado de sus pruebas prácticas. Muchos de ellos se encuentran opositando y descartan iniciar una batalla judicial contra el Ayuntamiento y otros tantos han conseguido un empleo en la empresa privada por lo que demandar al Consistorio no entra en sus planes más inmediatos. Todo a pesar de que existe jurisprudencia sobre la materia y de que el Ayuntamiento, en caso de prosperar la demanda, podría tener una responsabilidad patrimonial hacia los opositores.