El Principado quiere revisar los protocolos de detección de casos de vulnerabilidad

Marisa Ponga en un pleno del Ayuntamiento de Oviedo./PABLO LORENZANA
Marisa Ponga en un pleno del Ayuntamiento de Oviedo. / PABLO LORENZANA

La edil Marisa Ponga observa una «falta de responsabilidad» en la actuación de Somos, que no trasladó el caso cuando lo conoció

A. ARCE OVIEDO.

El Principado planteará al Consejo General del Poder Judicial y a la Federación Asturiana de Concejos revisar los protocolos de detección de casos de vulnerabilidad en materia de desahucios. Así lo explicó ayer Guillermo Martínez, consejero de Presidencia. «Ninguna situación de desamparo, aunque no se conozca, puede dejar de cubrirse y las administraciones no pueden, en ningún caso, no hacerse responsables de la situación de estas personas», señaló refiriéndose al matrimonio septuagenario que pasó dos días, con sus noches, en el Campo de San Francisco tras su desahucio de un piso de alquiler.

Por otra parte, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, declaró ayer, en rueda de prensa, que «en este momento estamos trabajando con estas dos personas afectadas» y que «el juzgado, cuando detecta posibles vulnerabilidades, tiene que comunicarlo inmediatamente a los Servicios Sociales». Además, aprovechó la coyuntura para tratar de «falta de responsabilidad» la actuación de Somos Oviedo, que, según la edil, no puso el caso en manos de su área cuando lo conoció «hace veinte días».

Somos respondió que «no vamos a utilizar a unas personas en situación de vulnerabilidad y desahuciadas como arma arrojadiza a nuestros compañeros de gobierno». Y comentó que «la concejala de Vivienda y Bienestar Social conoce perfectamente nuestro trabajo en este ámbito y nuestro protocolo de actuación, que es dirigir en primera instancia a las personas afectadas a Servicios Sociales y a la PAH (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que es lo que hemos hecho en este caso».

Dicha plataforma de Oviedo continúa acusando al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo «no haber puesto en conocimiento de los Servicios Sociales el caso cuando se tuvo información del mismo». No obstante, fuentes judiciales, reiteraron que «ni en la demanda ni en el expediente de los afectados aparecían la edad o la situación de los demandados», y que «no se encontraban en su vivienda» en el momento del desahucio, por lo que no tuvo información sobre su situación de vulnerabilidad.