Los técnicos reclaman a Aqualia por la liquidación de 2016 más de 550.000 euros

La corrección de oficio de la liquidación de aquel ejercicio es consecuencia directa del acuerdo o entendimiento al que llegaron el Ayuntamiento y la empresa tras un «periodo de manifiesta beligerancia». Los hechos son sencillos de resumir. En 2016, se jubiló el anterior responsable del contrato. Su sustituto validó la liquidación de ese año siguiendo los criterios de su predecesor, pero a raíz del incendio de Uría. Los funcionarios rebuscaron hasta dar con la documentación contractual original en un almacén de Olloniego. Lo hicieron para poder determinar de quién era responsabilidad el mantenimiento de los hidrantes, que, en aquel momento, era cuestión prioritaria ante la evidente falta de agua durante la extinción del incendio y la avalancha de reclamaciones por los daños. Descubrieron mucho más. Cosas como que la empresa cargaba al Ayuntamiento el consumo eléctrico de fuentes cerradas o desaparecidas desde hace años como la de Longoria Carbajal o que hinchaba «de manera descomunal» los consumos de los servicios municipales, con 2,1 millones de metros cúbicos al año para el baldeo de calles. Con la documentación en la mano, los técnicos estimaron que Aqualia había escamoteado en su favor casi 1,5 millones de euros solo en 2017 en una decena de incumplimientos.

Después de meses de reuniones y tensión creciente, la empresa aceptó el pasado 6 de julio parte de los criterios de los técnicos respecto a la correcta interpretación del contrato. No todos, pero los suficientes como para poder desbloquear las liquidaciones de 2017 y 2018, reconociendo un saldo en favor del Ayuntamiento de más de 800.000 euros. En su escrito, la empresa se limitaba a señalar esos dos ejercicios, cuyos balances habían quedado sin aprobar por el conflicto, pero el responsable del servicio añadió en su informe que los mismos criterios debían aplicarse a 2016. El dictamen fue aprobado por la junta de gobierno el 24 de octubre del pasado año.

Desde entonces, nada. La oposición lleva meses preguntando por la liquidación de ese ejercicio y su revisión. En la última comisión de Urbanismo e Infraestructuras, el concejal del ramo y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, aseguró que él no se comprometió nunca a revisar las cuentas de ese ejercicio y que «serán los técnicos del área los que determinen si hay que revisar o no esa liquidación ya efectuada». La propuesta de los técnicos para rehacer las cuentas tenía ya más de un mes. Es más, el 11 de mayo, el responsable del contrato dejó por escrito en un informe, aprobado por la junta de gobierno, que ya había avisado «en varias ocasiones, incluso en presencia del alcalde, concejales y altos funcionarios» de la necesidad de revisar los números de 2016.