Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con la cárcel para forzarle a confesar

Sostiene el actual diputado del Grupo Mixto que la Fiscalía especializada le «presiona» para llegar a un pacto de confesión ante la falta de indicios para conseguir una condena en esta primera pieza del 'caso Koldo', la de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, la empresa del conseguidor de la trama Víctor de Aldama, también imputado en esta misma causa, por un montante de 53 millones de euros. El procesado hasta ahora ha venido rechazando un acuerdo de colaboración, si bien el pasado verano anduvo cerca de explorar esa posibilidad de la mano de su entonces abogado, José Aníbal Álvarez, con el que finalmente rompió por sus constantes desencuentros por la negativa del exdirigente socialista a sentarse con el Ministerio Público.

«El escrito de calificación comunicado por el Ministerio Fiscal supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que vengo siendo sometido durante toda la instrucción de la Causa Especial 20775/2020 por la Sala II del Tribunal Supremo», ha denunciado en las redes sociales el que fuera ministro de Transportes entre 2018 y 2021.

El imputado se queja de que «no solo han sido rechazadas todas y cada una de las pruebas solicitadas» por su defensa antes de su procesamiento, sino que además «se me ha impedido acceder al material de la causa» antes de que el juez instructor, Leopoldo Puente, propusiera sentarle en el banquillo.

A estas circunstancias sobre su supuesta indefensión para abocarle a juicio, Ábalos suma «ahora» la puesta en marcha de una «estrategia premeditada de presión» de Anticorrupción con dos pilares: «una exagerada reclamación de delitos y penas adobada con una estratégica petición de vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (para medidas cautelares)». Todo ello, según el exministro, tiene como propósito «forzar una conformidad ante la falta de evidencias reales que sustentan la calificación» de 24 años de cárcel y 3,9 millones de euros de multa por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

«Pese a la dureza de la situación, seguiré defendiendo mi inocencia y confiando en la justicia de nuestro país», ha asegurado Ábalos, quien, según las estimaciones de diversos juristas a este periódico, podría asomarse a una sentencia de condenatoria de una década de cárcel solo por esta primera pieza si no se aviene finalmente a pactar.

Un acuerdo que sí tiene, al menos por el momento, Víctor de Aldama, quien, a pesar de la gravedad de los delitos que también se le imputan en esta primera pieza (organización criminal, cohecho continuado y uso de información privilegiada y de estar investigado en un fraude millonario de hidrocarburos) se enfrenta a una petición total de siete años. El motivo es que el fiscal le aplica la «atenuante» de confesión.

Detrás de esta ofensiva de Luzón para amarrar la causa con la presión a los investigados subyace otro elemento que no es menor: el acta de diputado de Ábalos y la posibilidad de que si renuncia a la misma antes de que se dicte la apertura de juicio oral, en un margen de dos semanas aproximadamente, provoque que la causa especial pase a ser competencia de la Audiencia Nacional. Una circunstancia que dilataría el procedimiento actual en el que le piden 24 años de cárcel y la prisión preventiva asoma en el horizonte cercano.