Asturias sale beneficiada del nuevo reparto del Fondo de Compensación

El nuevo reparto de los 16.000 millones de euros que el Gobierno hará llegar a las comunidades autónomas en los próximos meses para compensar el gasto de la pandemia soliviantó ayer a varios territorios que ven un agravio en el cambio de criterio. No fue el color político lo que marcó la diferencia de discursos entre unos presidentes y otros en la conferencia telemática semanal con Pedro Sánchez. Que en la distribución cobre fuerza el factor poblacional irritó tanto al jefe del Ejecutivo de Castilla y León, el dirigente del PP Alfonso Fernández Mañueco, como al responsable de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. No así al Ejecutivo asturiano, que celebró un reparto del que la región sale beneficiada al potenciarse criterios poblacionales en los que prima el envejecimiento.

En el diseño inicial, el Gobierno contemplaba que 10.000 millones de euros de ese fondo no reembolsable irían destinados a atender el gasto sanitario. Ahora, serán 9.000 millones. Los 5.000 millones de euros previstos para compensar la caída de la recaudación impositiva se mantienen –aunque 800 tendrán como objetivo paliar la disminución de la facturación de los servicios de transporte–. Pero los 1.000 millones orientados a cubrir el gasto social se convierten en 2.000 millones para la educación.

Según avanzó Sánchez en la cita de ayer de la Conferencia de Presidentes, el real decreto ley con el diseño de este fondo, que ni generará deuda a las autonomías ni pago de intereses y que tampoco conllevará condicionalidad, se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 16 de junio.

En cuanto a las fechas de la transferencia, el jefe del Ejecutivo trasladó que los primeros 6.000 millones destinados al sistema público de salud se repartirán en julio, mientras que en noviembre se procederá con los 3.000 millones restantes. Los 2.000 millones para educación se otorgarán en septiembre. Y los 5.000 millones que compensarán la caída de los recursos fiscales a las autonomías del régimen común llegarán a partir del mes de diciembre.

Lo más controvertido, sin embargo, es que, de acuerdo con los nuevos criterios, según fuentes autonómicas, la variable de población protegida equivalente –la propuesta inicial era con población ajustada– cobrará más relevancia en el reparto del fondo. En el primer tramo, el de los 6.000 millones de euros para sufragar el gasto sanitario, ese factor pasaría de pesar un 20%, según la primera propuesta, a hacerlo un 35%. En el segundo, de 3.000 millones, del 40% se elevaría su consideración al 45%.

En cuanto a los 2.000 millones de euros para educación se otorgarían en un 80% teniendo en cuenta la población entre 0 y 16 años; y el 20%, en función de aquella comprendida entre los 16 y 24 años. Hacienda, en todo caso, no confirmó ayer si estos serán los porcentajes finales e insistió en que «todavía se está ultimando el fondo».

La primera lectura situó a Andalucía y la Comunidad Valenciana como las principales beneficiadas por el cambio de reparto. El presidente del segundo de estos territorios, el socialista Ximo Puig, celebró la decisión: «El diseño atiende nuestras reivindicaciones». En otras autonomías, sin embargo, es el caso de Castilla y León, Castilla-La Mancha o Aragón, el nuevo criterio sobre el factor poblacional no se acabó de entender.

García-Page trasladó su malestar y subrayó que tanto su territorio como Castilla y León y La Rioja han tenido que dejarse «la piel» en gasto de material sanitario y contrataciones por el impacto de la epidemia. Un enfoque que comparte el dirigente castellanoleonés Fernández Mañueco: «Es un reparto injusto y deja en la estacada a las comunidades que más han sufrido», afirmó.