La UCO centra las pesquisas en la licencia de obra y en el papel del Gobierno central

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue dando pasos para esclarecer qué responsabilidad tuvieron altos cargos del Montepío de la Minería y los responsables de la constructora Alcedo de los Caballeros en el presunto desvío de fondos públicos durante la construcción del geriátrico de Felechosa. A raíz de los últimos interrogatorios, que tuvieron lugar durante los meses de septiembre y octubre, las líneas de investigación parecen coger forma. Así, uno de los ejes clave de los investigadores se centra en el Ayuntamiento de Aller y su papel en la concesión de la licencia de obra para las instalaciones. Una concesión que contó con varios cambios de parecer, informes negativos por parte de las autoridades locales y una multa final de 6.000 euros por iniciar las obras sin el pertinente permiso.

Otra de las vías de investigación se abrió con la declaración del exgerente del Instituto del Carbón, Juan Miguel Benítez, quien aseguró que la ayuda para el geriátrico «vino impuesta desde el Gobierno de Zapatero». La modificación de un Real Decreto que permitía sufragar el importe de la obra al 100% y los presuntos tratos de favor a Villa desde el Gobierno socialista también centran las sospechas de los investigadores. Todo ello, tratando de desenmarañar el verdadero papel de José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo en la trama.

Además de Villa, Postigo y el constructor Juan Antonio Fernández, figuran como investigados en el 'caso Hulla' el arquitecto Manuel Sastre y asesor fiscal del Montepío en la época en la que tuvieron lugar los hechos, José Manuel Fernández. Asimismo, aparecen como implicados en el caso el entorno familiar de Villa y Postigo e, investigados en un segundo plano, están el aparejador de la obra, Vicente Fernández; al actual asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós, y dos empresarios que trabajaron para la empresa constructora Alcedo de los Caballeros durante las obras de la residencia.

Las defensas de los investigados levantaron la voz el pasado mes de septiembre al considerar que las diligencias que la UCO está llamando a declarar a personas -algunos en calidad de testigos, pero también otros con imputación policial- en el cuartel de Rubín al margen del juzgado que se ocupa de la instrucción y, por tanto, «a espaldas de las partes procesales». Esta consideración fue puesta de relieve por la defensa de Juan Antonio Fernández y, apenas un día después, la defensa de Villa se sumó a la protesta.