«Que un diputado pueda hablar en asturiano en la Junta y una consejera no, no deja de ser una situación anómala»

Melania Álvarez y Enrique Fernández durante la rueda de prensa porterior al Consejo de Gobierno./E. C.
Melania Álvarez y Enrique Fernández durante la rueda de prensa porterior al Consejo de Gobierno. / E. C.

El Gobierno regional defiende el cambio del reglamento de la Cámara que impulsan PSOE, IU y Podemos

José Luis González
JOSÉ LUIS GONZÁLEZGijón

Con buenos ojos. Así ve el Gobierno del Principado la voluntad manifestada ayer en la Junta de Portavoces del Parlamento regional por PSOE, Podemos e IU para reformar el reglamento de la Cámara y permitir que, además de los diputados, cualquier persona que comparezca pueda utilizar el asturiano. «Que un diputado pueda hablar en asturiano en la Junta y una consejera no, no deja de ser una situación anómala», afirmo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo regional, Melania Álvarez.

La portavoz del Principado explicó que el «debate sobre el asturiano debe ser sereno y tranquilo» y recordó que Asturias cuenta con una ley de normalización y uso que ya en su propio nombre recoge «esa propia normalización. La reforma del reglamento de la Junta nos parece el resultado de la búsqueda de esa normalidad».

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El acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas de izquierda en el Parlamento regional llegó después de la polémica suscitada por el veto impuesto a la consejera de Cultura, Turismo y Política Llingüística, Berta Piñán, a realizar su comparecencia ante los grupos en asturiano. PP y Vox plantearon una queja ante la mesa de la comisión en la que defendían su derecho a entender lo que se les estaba trasladando.

La mesa consultó con los servicios jurídicos de la Junta, quienes recomendaron a la presidencia que reclamase a la consejera expresarse en castellano. La argumentación jurídica se basa en el propio reglamento. El artículo 11 regula el uso del asturiano en la Cámara y explicita que «en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía, y en su caso por la legislación que lo desarrolle, los diputados podrán utilizar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias». El problema es que nada dice ese articulo de cualquier otra persona que no sea diputado. Por ello, los servicios jurídicos de la Junta acudieron a la Constitución, que reconoce el derecho de los parlamentarios a desarrollar sus funciones en condiciones de «igualdad».

La portavoz del Gobierno regional explicó además que el proyecto de cooficialidad que plantea el Gobierno regional no tiene por qué implicar una reforma más amplia del estatuto de autonomía. «Será en el marco del debate de la Junta del Principado donde se plantee la dimensión que podrá alcanzar esa reforma del estatuto».