El Ejecutivo tienta a los socios con la ley que puede levantar el secreto sobre el 23-F

Ello será posible porque el proyecto de ley sitúa en 45 años el tiempo para mantener ocultos al ojo público los secretos de Estado más protegidos, un plazo que puede alcanzar, si media la prórroga de 15 prevista, hasta los 60; una previsión que sitúa a España entre los países con mayor margen de 'top secret' de los socios europeos y de la OTAN. Bolaños, que subrayó «la ingente» documentación clasificada que cobijan los distintos ministerios, subrayó que por primera vez la desclasificación será automática transcurridos esos 45 años, aunque con la salvedad de que el manto podrá seguir operando si se establece que persiste el riesgo para la defensa o la seguridad nacional.

Este impulso, que el Ejecutivo no comprometía hace apenas diez días, supone un guiño en especial para el PNV, aliado clave de Sánchez y el partido que lleva una década reclamando insistentemente la derogación de la ley de la dictadura; en su caso, requiriendo que los secretos más    sensibles puedan levantarse a los 25 años. Atendiendo a la posición del Ejecutivo y a las aspiraciones propias, la portavoz peneuvista en el Congreso, Maribel Vaquero, valoró que la reforma regrese al terreno de la negociación – «Una buena noticia», dijo–, pero constató también que el proyecto está aún «lejos» de lo que ambiciona su grupo.

Tampoco las tiene todas consigo EH Bildu, otro aliado esencial del presidente, que exhibió    un nivel de escepticismo muy similar al apreciar que la nueva ley del Gobierno es muy similar a la de 2022 que acabó encallando. Una reforma, la presente, que tiene estos ejes fundamentales.

La ley de información clasificada –su denominación oficial– refrendada ahora por el Consejo de Ministros forma parte de las reformas comprometidas en el Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre.

Por primera vez, se establecen unos plazos determinados para la desclasificación automática de la información bajo secreto, que variarán en función del grado de reserva asignado. Ese automatismo tiene un límite: que se valore que existe un bien superior relativo a la seguridad nacional o a la defensa.

Se regulan cuatro categorías de información clasificada: 'alto secreto', 'secreto', 'confidencial' y 'restringido'. La clasificación será «excepcional» y «motivada». A cada categoría se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años –es decir, el tope es 60– y el mínimo, de cuatro sin posibilidad de alargarlo.

El proyecto estipula que la información relativa a esos delitos no podrá ser objeto de clasificación. Según el ministro Bolaños, será lo primero que se desclasifique cuando la norma entre en vigor.

La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves. El anterior régimen solo contemplaba la vía penal. El derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones.

Será de nueva creación y quedará adscrita al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero será la ministra de Defensa quien ejercerá las funciones de esta autoridad en lo relativo al intercambio y protección de información clasificada que tengan que ver con la OTAN.

Cualquier declaración de documentación clasificada podrá ser impugnada por quien tenga un interés personal o un interés profesional, como los periodistas. El pleito se resolverá ante la Sala de lo Contencioso del alto tribunal.