Fiscalía rastrea los posibles delitos fiscales del rey emérito desde 2015

La jurisprudencia del alto tribunal considera el delito fiscal (defraudación de la cuota tributaria por encima de la cifra citada) como antecedente necesario para el blanqueo. Este ilícito penal se demuestra si en las cuentas de las que fue titular el anterior monarca (como el depósito 505523 en el banco suizo Mirabaud, donde se encontraba hasta su disolución la Fundación Lucum, de la que era primer beneficiario) hubiera salido dinero hacia otras cuentas con las que se hubieran cubierto gastos personales.

La Fiscalía suiza sostiene que los 64,8 millones de euros que Don Juan Carlos transfirió en junio de 2012 desde Lucum hasta la sociedad Solare, depositada en el banco suizo Gonet&Cie en Bahamas, estaba a nombre de su ex compañera sentimental Corinna Larsen. Y que la empresaria germano-danesa pudo haber usado este dinero bajo sospecha por su presunto origen ilícito (corrupción en los negocios internacionales por las presuntas comisiones del contrato del AVE saudí) para seguir realizando inversiones cuando dispuso del dinero.

La presunta conexión del delito fiscal con el blanqueo de capitales traería una segunda novedad en las diligencias abiertas el pasado 8 de junio por la Fiscalía del Supremo, dada la condición de aforado del exjefe del Estado después de perder la inviolabilidad tras su abdicación en 2014. El fraude tributario tiene un plazo de prescripción de cinco años, pero el blanqueo eleva ese periodo a los diez años. Del tenor literal del Código Penal, si se demuestran ambos ilícitos computaría este último para dirimir la vigencia de la responsabilidad penal, por lo que ya no se trataría de hechos posteriores a 2015 sino a 2010.

Hasta la fecha, parte de la documentación remitida por el fiscal suizo Yves Bertossa a las autoridades españolas, y cuya traducción se está ultimando para ser entregada al fiscal español Juan Ignacio Campos, responsable de las diligencias, versa en su mayor parte sobre el periodo comprendido entre 2003 y 2012, según señalan fuentes jurídicas.

Faltaría por enviar una segunda tanda de información de las pesquisas que Bertossa abrió por blanqueo y fraude fiscal tras el registro hace dos años del despacho en Ginebra de Arturo Fasana, gestor contable del rey emérito. En esta etapa tuvieron lugar los siguientes hitos para la investigación: creación en octubre de 2003 de la Fundación Zagatka, cuyo primer beneficiario es Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I. Dispone de una cuenta en Credit Suisse y administra unos diez millones de euros. Los dos gestores suizos de Juan Carlos de Borbón, Dante Canonica y el citado Fasana, están vinculados a esta sociedad desde la que se abonaron supuestamente gastos privados al monarca.

En junio de 2008 se registró la Fundación Lucum en Panamá, en cuya cuenta del banco suizo Mirabaud se ingresan los cien millones de dólares que el rey saudí Abdalá, ya fallecido, «regaló» a su «hermano» español. En 2009, el exjefe del Estado autorizó «préstamos» por 2,2 millones de euros a Corinna Larsen para que adquiriera un dúplex en los Alpes a través de dos sociedades, Calden y Siam. Y en junio de 2012, dos meses después del incidente del safari de Botsuana que quebró la confidencialidad bancaria de su 'cliente vip', transfirió todos los activos de Lucum a su examante y dio la orden a sus gestores de disolver la fundación.

En esta operativa mercantil encargada al abogado Canonica se incluyó una cláusula para que fueran expresamente excluidos Felipe VI y las infantas y así no pudieran reclamar el dinero como herencia, según publicó el diario digital El Español. No obstante, el Rey ya renunció a cualquier beneficio o participación en Lucum en el comunicado del 15 de marzo pasado.