El Gobierno respalda la política fiscal de Asturias y carga contra la «competencia desleal» de Madrid

A tenor de la hoja de ruta anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora toca negociar los Presupuestos Generales del Estado. Y de segudio ya aguarda tras la puerta la reformulación de la financiación autonómica. Pero este prólogo ya se viene escribiendo desde hace meses. Tal es así que la fase de calentamiento con acusaciones cruzadas entre los líderes de los partidos llega desembarca el día de hoy en plena de ebullición.

Uno de los primeros que abrió fuego fue precisamente el presidente asturiano. Lo hizo durante una entrevista a EL COMERCIO el pasado 1 de septiembre cuando acusó a su homóloga en la Comunidad de Madrid de perpetrar «el mayor ataque a la Constitución en años», a costa de la bajada de impuestos anunciada por Isabel Díaz Ayuso. En la batalla entró de lleno esta misma semana la propia ministra de Hacienda. María Jesús Montero denunció que «la Comunidad de Madrid tiene capacidad para ejercer 'dumping fiscal' al bajar los impuestos que gestiona» y, añadió, «así arrastra a otras autonomías a reducir también su fiscalidad, aunque luego algunas de ellas piden recursos al Gobierno». Las acusaciones de «competencia desleal» no son nuevas. Fue uno de los titulares de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Entonces, la expresidenta andaluza, Susana Díaz, utilizó ese mismo concepto para referirse a la exención del 100% del impuesto de Patrimonio que estaba aplicando el ejecutivo que presidía Cristina Cifuentes.

La perspectiva temporal evidencia que los enfrentamientos no son nuevos y que, lejos de resolverse lo único que hacen es añadir nuevos protagonistas a la contienda. Ahora, Adrián Barbón mete en liza a otras dos comunidades: Galicia y Castilla y León. De las dos regiones, dijo el miércoles que «han optado por realizar rebajas fiscales a costa de reducir los servicios públicos que se prestan al ciudadano como, por ejemplo, cerrando consultorios médicos». «Para nosotros -contrapuso- es prioritario el sostenimiento de hospitales comarcales o las escuelas rurales».

Lo que parece, mirando a un lado u otro delante del mapa de España, es que Asturias camina por una senda diferente en su política fiscal. Y aunque siempre sobrevuela que los bloques partidistas no están estrictamente alineados en esta discusión, sí lo hacen el debate público. En lo privado, no faltan los corrillos de algunas regiones gobernadas por el PP que discrepan sobre las severas bajadas de impuestos; y otras, de signo socialista que reconsiderarían el impuesto de sucesiones. En lo público, el discurso es uno e indivisible. Lo evidenciaron ayer María Jesús Montero y Adrián Barbón. Ambos repitieron el mismo mantra, una en Madrid, otro en Salas: «Las ventajas de las que goza Madrid gracias a ostentar la capitalidad».

Quien se apeó ayer de esta guerra fue la portavoz del Ejecutivo asturiano. Al término del Consejo de Gobierno, Melania Álvarez preguntada por la armonización fiscal, se limitó a subrayar que «el gobierno trabaja en aunar las voluntades todos los grupos parlamentarios de cara a una propuesta que sea reflejo de todas ellas». Porque al final, unas batallas se libran en Madrid y otras en los parlamentos autonómicos. En el asturiano, de momento, con relativo consenso en la postura que debe defender el gobierno regional en la futura negociación autonómica.