Montero promete presentar la nueva financiación «para todos» antes de dejar el Gobierno

Con poca información sobre la mesa, los consejeros de los 13 gobiernos del PP, que llevan años exigiendo una reforma, pero también el de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, mostraron su escepticismo sobre los plazos planteados por la también ministra de Hacienda. Y, sobre todo, se mostraron recelosos de que no vaya a haber grupos de trabajo para una negociación previa, cuando ya ha habido, en cambio, al menos un encuentro bilateral, en julio, con el Ejecutivo Cataluña.

La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat catalana, Alicia Romero (PSC), fue, no en vano, la única que se mostró satisfecha con el anuncio y con las líneas maestras esbozadas por Montero en la reunión. Según dijo, estas «se alinean» con lo negociado en la cita del pasado verano y, aunque aún quede mucho por concretar -por ejemplo, la cantidad de recursos que se inyectarán al sistema o el porcentaje de tributos que el Estado cederá-, también se felicitó de que se trate de «un modelo multilateral y bilateral a la vez». Justo lo que más resquemores despierta entre las demás comunidades.

«Una vez más -denunció la consejera de Economía y Hacienda de Andalucía, Carolina España- los independentistas que se quieren ir de este país son los que negocian el modelo que nos van a imponer al resto». España, sin embargo, también insinuó un cierto interés electoral de Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas que tendrán lugar al final de la primavera, en las «prisas» que muestra ahora la ministra, tras siete años de largas.

La última vez que el Gobierno hizo un intento de negociar la financiación fue en 2021, cuando efectuó una propuesta acerca de uno de los elementos del modelo, la población ajustada, sobre el que no logró acuerdo alguno. Ayer, Montero esgrimió que si ahora rechaza crear grupos de trabajo con las autonomías es porque esa fase ya está superada, porque con aquella experiencia quedó claro que no podía acordarse elemento a elemento y porque ya no queda más que presentar el sistema completo. Pero es cierto que el calendario planteado le permitirá presentarse a los comicios -para lo que tendrá que dejar el Gobierno- reivindicando que ella ha cumplido con una demanda ya crónica.

La vicepresidenta avanzó ayer que ninguna comunidad autónoma perderá recursos y explicó que habrá una mayor participación de los territorios en los impuestos ya cedidos a las comunidades autónomas: el 50% del IVA y el IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales. También aseguró que el modelo recogerá la «solidaridad interterritorial» de forma «explícita» y tratará de acortar la brecha actual de financiación 'per cápita' entre autonomías, que alcanza los 1.005 euros.

Aunque de partida no lo mencionó, a preguntas de la prensa sí matizó que el sistema podría igualmente incluir el principio de ordinalidad (que la posición relativa que cada autonomía ocupa no quede alterada por el sistema), una exigencia expresa de Cataluña. Pero ofreció pocos datos más. «Hasta que no esté completo, no podemos dar ningún número concreto», dijo. Además, explicó que su intención es que los cambios en la ley de financiación autonómica (LOFCA) puedan aprobarse a lo largo del próximo año y que entre en vigor en 2027. Pero reconoció que ni eso está en su mano ni hay perspectivas de que así sea porque el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y depende de todos sus socios de investidura sin excepción. O del PP.

Esa falta de mayoría en el Congreso es la que también augura el fracaso de la senda de estabilidad presupuestaria que ayer sí logró sacar adelante en el CPFF gracias a que el voto del Ejecutivo cuenta en ese órgano un 50% y obtuvo, además, el respaldo de Cataluña y Castilla-La Mancha. Las autonomías del PP votaron en contra y Canarias se abstuvo. Hoy, los objetivos de déficit propuestos -0,1% para las autonomías, 1,8% para la Administración General del Estado- serán aprobados por el Consejo de Ministros, pero tienen los días contados.

La propuesta del Ejecutivo en este asunto llega con cuatro meses de retraso respecto a lo que suele ser habitual y los populares reprocharon a Montero esa tardanza injustificada que les ha obligado a hacer «a ciegas» sus propios Presupuestos. Pero, por añadidura, se da la circunstancia de que es idéntica a la que ya presentó el año pasado y que Junts rechazó. El Gobierno asume que tampoco ahora, con más razón después de haber anunciado hace 20 días la ruptura de relaciones, podrá contar con el partido de Carles Puigdemont.