La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

Un cuarto de siglo después de que se dispararan las llegadas las capacidades de acogida e integración tanto de España como de la UE han quedado obsoletas y desbordadas. Uno de los ejemplos más claros de lo crítico de la situación es la dificultad para proceder al reparto entre comunidades autónomas de los miles de menores no acompañados que se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla.

Los disturbios de tinte racista contra la población inmigrante por la agresión de un ciudadano marroquí a un jubilado en el municipio murciano de Torre Pacheco o las agresiones a menores de un centro de acogida en el barrio madrileño de Hortaleza tras la supuesta violación por parte de otro de una adolescente de 14 años son los últimos episodios de una deriva que demuestra la insuficiencia de medios materiales y humanos para afrontar este fenómeno.

En opinión de Carmen Egea, profesora de Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, la solución pasa por «dejar al lado las luchas partidistas y poner en marcha una gestión integral de todas las administraciones». Es justo lo contrario a lo que ocurre con un proceso de distribución de los menores de Canarias, Ceuta y Melilla cuyo camino está jalonado por un sinfín de recursos ante la justicia o cruces de acusaciones por las exenciones en el reparto de País Vasco y Cataluña.

A nivel europeo las esperanzas de las instituciones comunitarias están puestas en la entrada en vigor en junio del año que viene del Pacto de Migración y Asilo, un acuerdo de mínimos que no dejó contento a ninguno de los estados miembros y del que alguno ya sopesa desvincularse incluso antes de su pesta en funcionamiento. El pacto se sustenta sobre el refuerzo de los controles en frontera y el seguimiento de los inmigrantes ilegales para que no se trasladen de un país a otro una vez dentro de la frontera de la Unión o la garantía de un reparto equitativo de la carga de la inmigración entre los 27. No obstante, Bruselas continuará sin competencias en aspectos básicos como integración, prestación de servicios o seguridad

El auge de las formaciones de extrema derecha al calor del sentimiento anti inmigración no es un fenómeno nuevo en Europa. Jean-Marie Le Pen ya disputó en 2002 la Presidencia de Francia a Jacques Chirac defendiendo un programa abiertamente xenófobo. «Lo que sí es novedoso es que todos los partidos han tenido que incorporar la inmigración a su agenda porque es una realidad que está en la sociedad», sostiene la profesora Egea, quien se detiene especialmente en una derecha liberal que ha debido endurecer sus posiciones para frenar la fuga de votos a opciones extremas.

Egea también destaca los contrapesos que existen ante los discursos xenófobos. Uno fundamental es el relevo generacional y la disponibilidad de mano de obra para sostener a una población europea cada vez más envejecida. «Lo mismo que un gobernante recibe las críticas de los contrarios a la inmigración también atiende las llamadas del sector de la construcción o la hostelería que necesitan cubrir sus vacantes de empleo», señala la profesora de Relaciones Internacionales.

Con más de 60 millones de inmigrantes en suelo europeo el peligro para Egea no se encuentra en los discursos xenófobos en sí mismos, sino en que estos alcancen el punto crítico de «incendiar las calles».