La investigación del geriátrico de Felechosa detecta «doble contabilización» en los costes

El desfase entre la subvención recibida por el Montepío de la Minería para la construcción del geriatrico de Felechosa (Aller) y el coste real de las obras se ha convertido en una de las principales líneas de investigación para los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Hulla'. Los agentes que investigan el caso, que durante septiembre y octubre realizaron diversos interrogatorios a algunos de los responsables de la ejecución de la obra, tratan ahora de dar sentido a los documentos hallados en la sede social de la constructora Alcedo de los Caballeros: documentos manuscritos que cifran el coste total de las obras entre los 18,5 y los 23 millones de euros. Cabe recordar que el Montepío recibió del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) una subvención de más de 30 millones de euros.

Uno de los testigos llamados a declarar fue Víctor Fernández Valdeolmillos, encargado de la oficina técnica de la constructora durante la edificación de las instalaciones. Un cargo que, en sus propias palabras, servía como «enlace entre el personal de la obra -representado por Fernando Farpón y José Luis Fernández- y la administración -Estefanía Rodríguez y Carlos González-». Durante el interrogatorio, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre a las 12.30 horas, en las dependencias de la Guardia Civil de Oviedo, los investigadores le preguntaron directamente sobre el coste total de los tajos, dado que por sus manos pasaban las certificaciones de obra: «22 o 23 millones, pero no lo recuerdo exactamente», respondió.

Atendiendo a los múltiples desgloses encontrados en la sede de Alcedo de los Caballeros, resulta difícil de concretar el coste real de las obras. El motivo, los distintos documentos que apuntan a tablas de gastos contradictorias o partidas registradas en más de una ocasión. En una de estas declaraciones de gastos, redactada de forma manual, según Valdeolmillos, por Estefanía Rodríguez -responsable de contabilidad de la empresa-, el gasto total ascendería a 21.627.991,29 euros.

En partidas como los 'gastos de administración', sin embargo, la cantidad aparece repetida sin motivo aparente. «Este importe se corresponde con el total de la obra, desglosado por capítulos. En relación a los gastos de administración, en los que se puede observar una doble contabilización, desconozco el motivo del importe», reconoció Veldeolmillos. En último extremo, el responsable de la oficina técnica delega en Estefanía Rodríguez la responsabilidad de otros documentos que cifran el gasto en 19.179.436 y 18.494.256,69 euros. «El tema de contabilidad lo llevaba directamente ella», aseveró.

Otro de los documentos que se encuentra bajo sospecha es un manuscrito que, además de dos cuentas totales de gastos que no superan los 20 millones de euros, cuenta con un epígrafe que marca el 'Total de beneficios después de impuestos', con un resultado final de 6.371.755,76 euros. A ninguno de los trabajadores de la empresa consultados por los investigadores les consta que esta haya sido la cantidad final recaudada por la empresa. Tampoco le encuentran sentido a una cuarta contabilidad redactada, según apunta un trabajador, por Juan Antonio Fernández, propietario de Alcedo y cuyas cuentas finales ascienden a 18,5 millones.

Otra de las líneas de investigación, la de los sobrecostes, llevó a preguntar a los investigados sobre las «modificaciones que se hicieron durante el primer mes de obra» por valor de 1,8 millones de euros. En concreto, los agentes de la Guardia Civil preguntan si este incremento se debe a que «había una subvención concedida por un importe determinado y había que llegar al mismo». Hasta en dos ocasiones Veldeolmillos negó conocer esta situación.