«El Montepío no puede ser responsable subsidiario si hay dinero en otros sitios»

Juan José Pulgar (1953, Pola de Lena) defiende los fondos mineros tras el desbastador informe del Tribunal de Cuentas y pide una investigación más profunda en el 'caso Hulla' para esclarecer las responsabilidades del Instituto para la Reestructuración del Carbón, y para averiguar dónde ha ido a parar todo el dinero ilícito que pudieron amasar los antiguos responsables del SOMA y de la mutualidad. «No es justo que el Montepío sea responsable subsidiario si se sabe que hay dinero en otros sitios».

-El informe del Tribunal de Cuentas ha vuelto a poner en entredicho la gestión y la utilidad de los fondos mineros. ¿Tan nefastos han sido estos fondos?

-El informe es sesgado, habla únicamente de aquellos hechos en los que hubo errores. Pero no puede haber una condena social sobre estos fondos sin tener en cuenta que también se usaron para el desarrollo de la autovía minera o la 'Y' de Bimenes, que han vertebrado una amplia parte del territorio asturiano. Igual que no se puede olvidar que esas ayudas se usaron para ejecutar infraestructuras de saneamiento, construir polígonos, becar a estudiantes o poner en marcha la Universidad de Mieres.

-Quizá ese equipamiento académico no sea el mejor ejemplo.

-No es responsabilidad de los fondos mineros que esté teniendo la gestión que está teniendo.

-Las principales críticas, en cualquier caso, se las llevan las ayudas que recibieron las empresas. ¿Han pagado justas por pecadoras?

-Hay que distinguir entre las que funcionan, como Asturiana de Zinc o el Instituto Oftalmológico, y que están generando empleo; y las caza subvenciones. Pero, si hacemos una valoración de todo, creo que la condena social que se está haciendo de los fondos es injusta. Como lo es que el proyecto más cuestionado, la residencia de Felechosa, sea uno de los que precisamente están cumpliendo con los objetivos de generación de empleo y fijación de población en el territorio.

-En el informe del Tribunal de Cuentas se habla de irregularidades en ese proyecto. ¿Están todos los responsables identificados en el 'caso Hulla'?

-El informe del Tribunal de Cuentas hace reflexiones interesantes sobre el papel del Instituto del Carbón y su responsabilidad directa en el control de las subvenciones. Y ante esa responsabilidad, en la instrucción del 'caso Hulla' no vale decir que había poco personal. Creo que deberían darse más explicaciones.

-Entiende que hay que buscar responsables políticos por encima del Instituto del Carbón.

-No. Creo que hay que buscarlas entre las personas que estuvieron en ese Instituto.

-Se acaba de trasladar una parte del 'caso Hulla' al TSJA para investigar la presunta prevaricación en el Ayuntamiento de Aller. Por ahora, se trata de las únicas responsabilidades políticas que se investigan...

-Siempre dije que el tema de la prevaricación urbanística era menor porque no hay delito económico, que se sepa, aunque tiene relevancia social porque hay una persona que está aforada y eso ha obligado a hacer una pieza separada. Es una buena solución, la otra alternativa era pasar todo el 'caso Hulla' en bloque al TSJA, y eso significaría eternizarse aún más en el procedimiento. Debe hacerse un análisis jurídico de las decisiones adoptadas en el Ayuntamiento de Aller, que quizá pudieron hacerse mejor, y otro político. Creo que la corporación hizo lo que debía. Sabía que la inversión que se estaba fraguando tenía muchos novios y que podía ir a otros municipios. Ahora Aller tiene una instalación que genera mucha actividad y empleo.

-¿El 'caso Hulla' está haciendo daño a la imagen del Montepío?

-Ha supuesto un coste por la eternización del asunto y nos ha generado cierto desgaste. Pero ahora la sociedad ya diferencia claramente entre el Montepío y los autores de determinadas cuestiones, y eso lo hemos conseguido gracias a nuestro trabajo, a los buenos resultados económicos y a un nuevo modelo de gestión dentro de la economía social por el que los resultados revierten en la entidad, en políticas sociales, inversiones y amortizaciones.

-Sin embargo, la condición de responsables subsidiarios sigue pesando como una losa.

-En el 'caso Hulla' echamos en falta una investigación más amplia y más profunda para esclarecer algunos indicios que plantea la propia UCO en sus informes en relación a las compensaciones económicas que José Ángel Fernández Villa podía haber recibido por parte de empresarios; pero también sobre el pelotazo urbanístico de Roquetas de Mar que aparece en los papeles de José Antonio Postigo o sobre el episodio de la compra del grupo El Árbol. Hay muchas cosas en la instrucción que requerirían de una investigación más detallada para esclarecer dónde ha ido a parar todo ese dinero y que dejarían fuera juego la responsabilidad subsidiaria del Montepío.

-La instrucción sigue abierta...

-Tenemos la sensación de que quieren ir a por nosotros. Unos, por omisión, por dejar aparcadas estas cosas y limitarse a señalar al Montepío como responsable subsidiario cuando es totalmente injusto, porque se sabe que hay dinero en otros sitios. Y otros, como OCAN y Podemos, por acción, ya que son los que han promovido el informe del Tribunal de Cuentas con el objeto de que se inicie un procedimiento paralelo para decidir si somos responsables subsidiarios, conscientes de que eso significaría la desaparición del Montepío. Pero estamos preparados para nuestra defensa legal, política y sindical.

-El Tribunal de Cuentas, sin embargo, les da la razón en que la residencia debe estar abierta al público en general, y no solo a los mutualistas. Motivo por el que el Instituto del Carbón dejó sin abonar parte de la subvención. ¿Volverán a reclamarla?

-Todo a su tiempo. Pero esto demuestra que la decisión del Instituto del Carbón no era más que un auténtico cortafuegos para eludir su propia responsabilidad.