Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado

En su escrito de doce páginas, la representación de Mouliaá reclama además una indemnización de 30.000 euros «por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución». También solicita que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Errejón, que niega la acusación, recurrió su procesamiento al entender que en los hechos denunciados no existen «mínimos indicios» de culpabilidad y que, en todo caso, el encuentro fue consentido. Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a la que señalan por querer ganar fama y popularidad con este caso, de «subirse a la ola» de la televisión en un momento en el que no generaba ingresos y, además, le acusan directamente de denuncia falsa.

En su relato de hechos, se detalla la denuncia presentada en octubre de 2024 ante la Policía, es decir, tres años después del presunto delito contra la libertad sexual. Explica que ambos se conocieron por redes sociales un año antes, que comenzaron a chatear y que la noche y madrugada del 8 de octubre de 2021 se produjeron los tres episodios que el juez instructor ha valorado como suficientes para procesar a Errejón y proponer su enjuiciamiento.

En concreto, el beso «sin consentimiento» que el político le dio a Mouliaá en el ascensor de la vivienda de la fiesta privada a la que acudieron; el lance de la habitación aprovechando que ésta «había bebido alcohol y estaba afectada por la combinación del mismo, lo que mermaba su voluntad y la hacía más vulnerable»; y en último lugar el encuentro en casa de Errejón al regresar de la fiesta, donde la denunciante ya sufría un «bloqueo emocional y afectación etílica» y el acusado volvió a tocarla y a manosearla.

El auto de procesamiento dictado por el juez Adolfo Carretero, cuyo polémico interrogatorio a Mouliaá recibió una avalancha de quejas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no derivaron en la apertura de ningún expediente sancionador, está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. La instancia superior que tendrá la última palabra para decidir si el que fuera cofundador de Podemos se sienta o no en el banquillo.