«No podemos impedir a una eléctrica el cierre de una planta concreta, pero sí poner condiciones»

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán, en Oviedo./PABLO LORENZANA
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán, en Oviedo. / PABLO LORENZANA

Hugo Alfonso Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente: «Lo normal en un proceso en el que haya un mínimo de sensibilidad y corresponsabilidad es que reviertan los beneficios hacia el territorio»

Noelia A. Erausquin
NOELIA A. ERAUSQUINGijón

El secretario de Estado de Medio Ambiente, pero Hugo Alfonso Morán (Lena, 1963) no esquiva las preguntas referentes al campo puramente energético. Es consciente de los vasos comunicantes que tiene su secretaría con la de Energía, ambas dependientes del nuevo Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, y como asturiano, además procedente de la cuenca del Caudal, entiende la preocupación en el Principado por la descarbonización y la contundencia con la que el Ejecutivo de Javier Fernández ha arremetido contra la aceleración de este proceso. Pero, el resto de países de la UE tienen planes de este tipo «desde hace más de un lustro», argumenta en una entrevista que hoy publica EL COMERCIO. Por eso aclara que cuando la ministra habla de «acomodarnos a esos tiempos» es que o se consigue «o vamos a tener serias dificultades de competitividad en el futuro», ya que esos otros países a los que se refiere son competidores de España. «Tenemos que intentar recuperar el tiempo perdido sin generar procesos traumáticos», recalca Hugo Alfonso Morán, que mantiene su cargo de secretario de área para la Transición ecológica de la economía en la Ejecutiva del PSOE y que es muy crítico con cómo ha gestionado el anterior ministro, Álvaro Nadal, su oposición al cierre de las centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) pretendido por Iberdrola.

«Lo que el ministro Nadal hizo fue de una irresponsabilidad absoluta, sabía que lo que estaba proponiendo era un engaño a la población, sabía que las pretensiones que tenía, porque se lo dijo la CNMC, iban contra la Constitución y el reglamento de la UE. Arias Cañete le trasladó que lo que pretendía estaba fuera del marco de la UE. Y aún así mantuvo un mensaje a la ciudadanía que lo único que hizo fue enrarecer un proceso que debería haberse gestionado con más racionalidad y en un marco de sinceridad al conjunto de los ciudadanos», afirmó ayer Morán sobre la intención del Gobierno de Rajoy de asumir el control sobre los cierres de centrales, algo que el lenense considera que no es competencia de la Administración.

«En el ámbito de la libertad de mercado que establece la UE y las garantías para la actividad económica, los gobiernos no pueden condicionar la libertad de salida y entrada de las empresas, quienes van a decidir cuánto tiempo van a seguir funcionando las tecnologías convencionales son las eléctricas. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? Cuando una empresa decida poner fin a la producción de una planta concreta, no podemos impedirle el cierre, pero sí decirle usted tiene que hacerlo en estas condiciones, ¿qué condiciones? aquellas que vengan marcadas en el proceso de transición justa. Lo que el Gobierno cree que no puede permitir de ninguna manera es que una empresa que ha estado extrayendo beneficios de la generación en un territorio, es cerrar de la noche a la mañana e irse. Lo normal en un proceso en el que haya un mínimo de sensibilidad y corresponsabilidad es que hacia el territorio reviertan, en alguna medida, los propios beneficios y el compromiso de la propia empresa. Pero quien van a decidir sobre el cierre no es el Gobierno, son las empresas».

Eso sí, reconoce «una limitación» a esta premisa que establece la UE, la garantía de seguridad de suministro, «la única que puede esgrimir un gobierno si cierra». «Hay un procedimiento que está marcado. Es Red Eléctrica la que tiene que hacer el correspondiente informe cuando se tramite la solicitud si la empresa lo impulsa -señala refiriéndose a Iberdrola y su decisión sobre la central de Lada-. Es un procedimiento reglado, no de capricho político. Así ha funcionado durante décadas. Los sucesivos gobiernos con este instrumento normativo han prohibido el cierre de centrales y han autorizado la apertura de centrales. Y nunca nadie planteó dificultades, hasta que el ministro decide romper el marco normativo europeo».

Pero, el recién nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente descarta que vaya a haber comunidades perdedoras en este proceso de descarbonización. «Cuando habla de perdedores, la ministra lo que se refiere es a tecnologías, tecnologías que tienen que ir dando paso a nuevos modelos de generación, que agotan sus ciclos de vida y son sustituidas por otras. De hecho , la vocación que marca el Gobierno bajo el título de proceso de transición justa es que no haya perdedores en este proceso». Y, para ello, proponen fijarse en el modelo galo, muy alejado de la posibilidad de unos fondos mineros, como temen los sindicatos o el Ejecutivo regional. «Asturias es una región que lleva décadas en procesos de reconversión, vive en el proceso de la transición permanente, y si en algo tiene experiencia es en lo que no hay que hacer en estos procesos y por eso el Gobierno no ha puesto sobre la mesa una oferta que se parezca al modelo de los fondos mineros», afirmó también. «De lo que se trata es de poner en marcha procesos, más correctamente definidos en el modelo francés, que se llaman contratos de transición. Se trata de procesos de anticipación, no de medidas paliativas que llegan una vez que se ha producido el cierre. Tiene que haber un proceso de anticipación, no es una medida de compensación o acompañamiento, sino de anticipación. Los mecanismos forman parte de la primera fase, van a ir de la mano del proceso de elaboración de la Ley de Cambio Climático», reveló ayer, pero también que no habrá un trato de favor hacia Asturias. «El Gobierno de Asturias defendió, defiende y defenderá legítimamente lo que entiende que son los intereses de los ciudadanos de la región, y hay otras comunidades que entienden que el futuro de este país no pasa por un modelo productivo vinculado a un sector de generación que produce emisiones. Tienes territorios que querrían acelerar los ritmos y otros que piden más tiempo. El Gobierno tiene que intentar conciliar los intereses del conjunto de la ciudadanía, que consiga habilitar respuestas para el interés general del país. Que los equilibrios son difíciles, lo sabemos, pero esta es la obligación del Gobierno y en ningún momento vamos a cuestionar ni intentar conducir cuál debe ser el papel del Gobierno de Asturias».

No habrá trato de favor hacia Asturias, pero tampoco se penalizará la poca sintonía entre Javier Fernández y Pedro Sánchez. «Esto no se va a producir de ninguna manera. El deber es dispensar un trato exactamente igual al conjunto de las comunidades. Las responsabilidades de gobierno no las puede condicionar una afinidad política o relación personal de ninguna de las formas», argumentó, para recordar que, además, tanto el presidente del Gobierno central como el del Principado «comparten militancia política».

Desde su perspectiva, «el objetivo es tener un sistema de generación y conformación de precios que dé estabilidad y certidumbre en el tiempo y, en la medida de lo posible, liberarnos de los mercados internacionales. Estamos a 30 puntos de la media Europea y Europa tiene gran dependencia de los mercados internacionales».

Además, defiende el liderazgo de la UE en materia de descarbonización, a pesar de los temores expresados por la gran industria, que alerta de posibles descarbonizaciones. «La UE ha sido siempre un líder a nivel mundial a la hora de marcar estándares de bienestar . A nadie se le ocurriría en la UE plantear que como la industria india es mucho más competitiva porque los salarios están por lo suelos y no existen las mínimas condiciones higiene en el trabajo, vamos a renunciar a ellas. ¿Por qué eso sí y la seguridad ambiental no? ¿Por qué no renunciamos a la seguridad laboral y tenemos que renunciar a la ambiental? Al año mueren en la UE unas 700.000 personas como consecuencia de la contaminación atmosférica. Si muriesen como consecuencia de una epidemia ese volumen de personas, imagínese la reacción de la sociedad, llamémoslo una epidemia ambiental. España no puede permanecer al margen de este proceso».

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