UGT niega el entramado societario y pide su absolución en el caso de los cursos de formación

La Fiscalía basa su acusación en el uso por parte de los acusados de un entramado societario con el que hinchar los precios de los alquileres de los locales en los que se impartía la formación facturando por horas. El dinero, sostiene el ministerio público, era desviado al sindicato y, entre otras cuestiones, habría servido para hacer frente a las pérdidas ocasionadas en la promoción inmobiliaria llevada a cabo por Colectivas y Unifamiliares Langreo, cooperativa impulsada para acometer una actuación de este tipo en este concejo. Además, según el fiscal, el sindicato incluía gastos de personal de la organización en las subvenciones de manera fraudulenta. «Negaremos la mayor. El fraude es inexistente», sostiene el escrito de defensa del sindicato y de su exsecretario general Justo Rodríguez Braga, que se enfrenta a diez años de cárcel por cinco delitos de fraude en subvenciones públicas y al pago, junto a otros acusados, de 2,3 millones de euros.

La defensa del sindicato y del ex secretario general de la entidad señala que las sociedades a las que apunta la acusación tienen entidad jurídica propia y que en ellas UGT Asturias y Justo Rodríguez Braga no tenían «ninguna capacidad de decisión, y menos para confabularse». La sociedad que encabezaría el entramado, IFES, cuenta con un 100% de capital de UGT Confederal, por lo que el sindicato asturiano entiende que ninguna responsabilidad cabe pedirle a ellos.

El sindicato sostiene que cuenta con la legitimidad para organizar cursos de formación, aunque no es esa su razón de ser. Por ello, y amparado en la «legalidad», se valía de sociedades para el desarrollo de los mismos. «Contratar inmuebles o comprar equipos no son tareas propias de un sindicato.Parece más razonable emplear sociedades específicas», señala el escrito, una argumentación que repiten otros de los acusados. Además, señalan que fue la propia IFES, ya disuelta, la que fue beneficiaria de varias subvenciones y a ella correspondería justificarlas. «No cabe endosarlas sin más a UGT Asturias».

El sindicato rebate además los cálculos de la Fiscalía en lo que a los alquileres se refiere. Entiende su defensa que no se tienen en cuenta los precios de mercado y que basta cotejar las diferencias existentes en las pruebas periciales realizadas para darse cuenta de que no cabe el fraude. Recuerda además que el Servicio Público de Empleo del Principado no puso reparos en las justificaciones de las subvenciones y que comprobó en estado de las aulas antes de la realización de los cursos.

En lo que se refiere a los gastos de personal, UGT recuerda que la propia subvención recoge entre sus bases la posibilidad de dedicar un 20% a estas cuestiones. El sindicato señala que en ningún caso fue IFESla única entidad que desarrolló los cursos y que se contrataron con otras muchas.Las tareas de comprobación de la realización de los cursos se desarrolló, sostiene UGT, con personal propio, lo que justificaría los gastos de personal asociados a las subvenciones.

La argumentación del sindicato, similar a la de varios de los acusados, concluye que no hay por tanto ningún delito en sus actuaciones, lo que les lleva a reclamar la libre absolución en un caso que se basa en la «conjetura del relato de la UCO (Unidad Central Operativa)».

El sindicato sostiene además que la detención de Justo Rodríguez Braga en el marco del proceso fue«ilegal» ya que no estaba incluida en la petición que la UCO había hecho para proceder al registro de la sede de UGT en Oviedo.

La presentación de estos escritos de defensa es uno de los últimos pasos procesales antes de la apertura de juicio oral de un caso que ha soportado una larga instrucción. Diferentes sucesos en el seno de la misma han llevado a algunos acusados a solicitar la nulidad de las actuaciones atendiendo a diferentes cuestiones como la falta de cierta información de las defensas.