El Principado acusa a Vesuvius de acometer una «injusta deslocalización» en Asturias

El consejero de Industria, Enrique Fernández, durante una de sus intervenciones en la Junta del Principado. / HUGO ÁLVAREZ
El consejero de Industria, Enrique Fernández, durante una de sus intervenciones en la Junta del Principado. / HUGO ÁLVAREZ

El consejero de Industria reconoce que el ERE de la firma, recibida por la región con «su mejor capital humano y subvenciones», fue «inesperado»

JOSÉ L. GONZÁLEZOVIEDO.

«El ERE de Vesuvius no se puede entender de otra forma que no sea una deslocalización». Fue claro en su posicionamiento sobre el intento de esta firma de extinguir la actividad en Langreo y Miranda de Ebro el consejero de Industria, Enrique Fernández, en la jornada de ayer, quien interpelado por IU en el pleno que abrió la actividad ordinaria de esta legislatura en la Junta General calificó de «injusta» la decisión de una empresa a la que Asturias recibió «con su mejor capital humano y subvenciones para su actividad».

La portavoz de IU, Ángela Vallina, fue la que puso el asunto sobre la mesa, reclamando al Principado la participación del Gobierno central en la resolución de este conflicto laboral. «Le agradezco que interpele al Ejecutivo central, porque este consejero tiene las manos atadas en decisiones nacionales, europeas y mundiales. Necesitamos un Gobierno estatal», afirmó el consejero sobre la imposibilidad del Principado de paralizar el ERE. Desde 2012 los gobierno regionales carecen de esta potestad merced a una reforma laboral que la portavoz de IU pretende que se derogue. A tomar la determinación de reclamarla al Gobierno central instó Vallina a Fernández, una reclamación que no recibió respuesta por parte del consejero.

Se habló, y mucho, de industria en este primer pleno del curso. Fue el propio consejero el que dibujó con sus intervenciones un panorama en el que destacó la importancia de este sector para Asturias y durante la que recordó algunas de las medidas que pretende impulsar desde el Principado. Una de ellas es la aprobación del estatuto de las industrias electrointensivas, un borrador que el Gobierno de Pedro Sánchez no fue capaz de sacar adelante antes de las elecciones de abril y que la situación de interinidad reinante desde entonces mantiene en un cajón. El consejero recordó que el propio Ejecutivo regional tuvo mucho que ver con la puesta en marcha de una iniciativa en la que participaron con aportaciones. Por su parte, Ángela Vallina le reclamó la negociación de un pacto entre todas las fuerzas para defender la industria asturiana.

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Mucho que ver con la industria tenía también la pregunta sobre las medidas que plantea el Principado para apoyar a los parados mayores de 55 años. El diputado del PP, Pablo González, recordó que la actual situación del sector explica las altas cifras de parados de esta edad. El consejero de Industria señaló que el Principado ya aplica medidas para un colectivo más amplio, a partir de 45 años, y que se han establecido con éxito los itinerarios de acompañamiento de estos trabajadores en paro. «Nuestro objetivo es reducir todo el desempleo con especial atención a los más vulnerables», señaló Enrique Fernández. Por su parte, Pablo González esgrimió una encuesta entre empresarios que señala que el 70% de las personas en esta situación se consideran ya fuera del mercado laboral y que hay altos porcentajes de empresarios que desdeñan su contratación por motivos como los «conocimientos obsoletos, la falta de flexibilidad laboral o el alto absentismo» con motivo de las bajas.

El pleno con el que la Junta recuperó su funcionamiento habitual apenas duró dos horas y media, mucho más corto que las maratonianas jornadas a las que acostumbraban los diputados en la pasada legislatura. Si hubo un responsable de esta agilidad fue Marcelino Marcos Líndez, presidente de la Cámara, quien no dudó en cortar a consejeros y parlamentarios cuando su tiempo llegaba a su fin, previa advertencia en el momento en el que el cronómetro marcaba treinta segundos para el cierre de cada intervención.