Bienestar sigue sin dar las ayudas contra la pobreza infantil que anunció en julio

Mil euros para cada familia en riesgo. El Principado dispone de 1,4 millones -800.000, aportados por el Gobierno central- para hacer frente a la pobreza infantil, fondo que será distribuido entre las 1.400 familias que los ayuntamientos de la región han considerado en situación de riesgo y cuyos casos ha trasladado ya a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

Un reparto que supone 1.000 euros por expediente que, no obstante, no cobrarán hasta el próximo mes. En el peor de los casos, la ayuda llegará con el fin de año. Porque el departamento que dirige la socialista Esther Díaz no ha movilizado aún ni un céntimo de ese fondo, anunciado en julio. Además, los beneficiarios de la ayuda tendrán que justificar los gastos en material escolar, en consumo energético del domicilio familiar y alimentación.

Según explicó la consejera, la puesta en marcha del plan «ha estado pendiente de la certificación de los fondos del Gobierno central», y recordó que «Asturias es, hasta donde yo sé, la única comunidad que implementa con fondos propios los que llegan del ministerio».

Aseguró que una vez certificado el aporte del Ejecutivo central y conocidos de los ayuntamientos los casos más urgentes, desde Bienestar comenzarán a firmar convenios «con los ayuntamientos, ya que, a estas alturas de año, hemos visto que es la fórmula más rápida».

Una fórmula que, no obstante, no gustó a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento asturiano.

Salvo el PSOE, grupo sobre el que se sustenta el Ejecutivo regional, y UPyD, que no asistió a la comisión, el resto de portavoces -de Foro, PP e IU- evidenciaron su disconformidad sobre la «inacción» de Bienestar Social o, lo que la diputada de Foro Asturias, Esther Landa, calificó directamente de «pasotismo», al considerar que «incumple los mandamientos de la Junta».

Mientras la portavoz de IU, Noemí Martín, reclamaba a Díaz «agilidad», tanto Landa como la portavoz del PP, Victoria Delgado, recordaron que «tampoco se ha hecho nada contra la pobreza energética», situación de la que la consejera hizo responsable, exclusivamente, «al Gobierno central, que ha rechazado el bono social planteado unánimemente en el Congreso».

Sin embargo, Esther Landa le recordaba que «en el mes de abril se aprobaron dos proposiciones no de Ley para buscar una solución a este problema y hasta la fecha no hemos recibido ninguna información sobre su cumplimiento».

En cuanto al plan contra la pobreza infantil, el proyecto ha estado rodeado de polémica desde el principio, puesto que, tal y como adelantó EL COMERCIO, ya en julio, cuando fue anunciado, todas las entidades sociales lo consideraron «insuficiente». Ante una población en riesgo de más de 35.000 menores asturianos, el montante de 1,4 millones de euros suponía 10 céntimos al día para cada menor, una cifra «ridícula», según explicaba la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales.

El hecho de que los consistorios asturianos hayan limitado a 1.400 las familias con menores en riesgo, permite llegar a los mil euros por caso, aunque la ayuda que reciban dependerá de los justificantes que presenten.

Salario social y valoradores

El de ayer no será el único momento bronco que la consejera de Bienestar Social viva en la Junta General esta semana. El jueves será protagonista del arranque de la sesión plenaria, con sendas intervenciones propiciadas por Izquierda Unida. La diputada de la coalición Noemí Martín, la interpelará sobre la situación del salario social, con un atasco en la gestión que roza los 5.000 expedientes y un anuncio de reforma de la ley que no gusta ni a IU ni a CC OO. A ese respecto, desde la consejería se insistió ayer en que la reforma no supondrá «una limitación en el tiempo» del cobro del salario social, ya que el plazo de doce meses y la prórroga consiguiente de un año más se centra «en la tramitación de urgencia», no en el derecho a percibir la ayuda.

No coincide con ella su otrora socio de gobierno, e impulsor de la ley en 2005, como tampoco en su decisión de prescindir de la plantilla de 37 valoradores de la dependencia, al incluir sus plazas Hacienda en el concurso de traslados para funcionarios. Noemí Martín exigirá explicaciones sobre lo sucedido en esa sesión plenaria del jueves.