Hacienda paraliza todos los embargos a los afectados por las facturas del ERA

«Hemos pedido al ente tributario que nos devuelva todas las liquidaciones que estaba tramitando en ejecutiva». Pilar Varela confirmó ayer que Hacienda ha paralizado todos los embargos a las familias de exusuarios de una plaza en Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). A todos los afectados por facturas en las que el organismo, dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, les reclama deudas de hasta 92.000 euros. Un montante abultado que refleja la diferencia entre lo apartado por su pariente durante la estancia en una plaza geriátrica pública, controladas todas por el ERA, y el coste real de la misma, que llega, en la mayoría de los casos, a los 1.400 euros. Un montante abultado contra el que protestan los afectados al argumentar que en las liquidaciones no aparece la ayuda a la dependencia de la que era beneficiario su familiar.

A todos esos afectados, más de 4.000 en toda Asturias, pidió ayer la consejera de Servicios y Derechos Sociales «tranquilidad», ya que, garantizó, «hemos paralizado todos los cobros hasta analizar cada caso, para ver si hemos cometido un error». Unas palabras las de Varela que llegan para insistir en su idea de que la ley urgente que Podemos quiere llevar al pleno del próximo 1 de abril «es innecesaria. Lo digo de verdad, porque es que la ley copia la moción que, unánimemente, la Junta General aprobó el pasado 4 de marzo. Una moción que ya estamos cumpliendo por completo desde el mismo día».

Se refiere la consejera socialista a la moción impulsada por Podemos que logró el voto de todos los grupos, incluido el PSOE. En ella, el Parlamento asturiano insta al Gobierno regional a paralizar todos los cobros, revisar cada situación y devolver, en el caso de que se hayan cometido errores, el dinero cobrado ya. Errores que Varela admitió «pueden existir», porque «el retraso en la aprobación del copago de la dependencia -desde 2007 hasta 2011- hizo que muchos casos puedan no estar ajustados». Y esa es la clave. Hasta 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, los usuarios de la red geriátrica pública aportaban el 75% de su pensión. Al fallecer, si habían dejado bienes, el Principado liquidaba la diferencia entre su aportación y el coste total de la plaza. Era el denominado contrato de hospedaje.

Sin embargo, desde el 23 de abril de 2007, cuando Asturias, la primera del país, puso en marcha la Ley de la Dependencia, las personas con derecho a una ayuda podían elegir como servicio una plaza geriátrica. Con subvenciones de hasta 800 euros. Unas ayudas que recibieron la mayor parte de los protagonistas de estas facturas, pero que no parecen figurar en las liquidaciones.

«En dos meses estará»

«Hemos pedido tiempo para revisar todos los casos», reiteró Varela a la vez que dejó claro que «los dos meses que he pedido no son para empezar a trabajar. No, es el tiempo en el que espero que todo esté solucionado o en marcha».

Porque el Principado debe analizar ahora si el decreto de copago de la dependencia, aprobado en 2011, «puede ser retroactivo», aunque en su entrada en vigor no lo fue. Y, también, si las autorizaciones que dieron los residentes para que seguir adscritos al contrato de hospedaje y no a la Ley de la Dependencia «se hicieron bien o se pueden revisar».

La consejera también quiso desvincular su negativa a que la moción se convierta en ley al coste económico que eso supondría. «240.000 euros en aumentar el personal del ERA. No los tenemos, cierto, pero no es el problema fundamental». Aunque insistió en pedir «tranquilidad», los familiares continúan con sus asambleas. El día 31 la celebrarán en Oviedo. A las 19 horas, en el auditorio Príncipe Felipe.