Municipios y sindicatos reclaman una moratoria de la ley de Administración Local

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) y los sindicatos UGT y CC OO han unido fuerzas para hacer frente a la amenaza del Ministerio de Hacienda de disolver las empresas municipales que incumplen la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a raíz de las cartas recibidas por los ayuntamientos de Gijón y Mieres, que consideran una «ofensa contra la autonomía municipal y los servicios públicos».

El presidente de la FACC, Ignacio García Palacios, y los líderes sindicales Javier Fernández Lanero y Antonio Pino firmaron ayer en Oviedo un documento conjunto en defensa de las empresas públicas locales y el empleo municipal -que trasladarán a los 78 consistorios para que sea aprobado como moción en sus respectivas plenos- en el que se exige una moratoria en la aplicación de la disposición novena de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, así como de la aplicación de los costes efectivos que contempla la misma ley, mientras no se resuelvan los 3.000 recursos judiciales presentados por otros tantos ayuntamientos.

El presidente de la FACC argumenta que la aplicación de esta ley supone una clara amenaza para el municipalismo hasta el punto, señala, de que podría privar de un importante volumen de competencias básicas a los consistorios de menos de 20.000 habitantes. Los líderes sindicales, por su parte, aseguran que la denominada 'ley de Montoro' esconde la «privatización de los servicios públicos» y la correspondiente «pérdida de empleo». En este sentido, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, reprocha al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy que valore los servicios públicos por criterios meramente económicos, cuando «tener unos servicios de calidad también es riqueza» y únicamente si estos conservan su condición de públicos pueden mantenerse aunque no sean rentables. «Tener una línea de autobuses que dé servicio a un pueblo, aunque el autobús no se llene, también supone una riqueza», defiende.

Su homólogo en CC OO, Antonio Pino, recuerda además que existe una resolución del Tribunal de Cuentas que reconoce que los servicios públicos resultan «más económicos» que cuando se privatizan.

García Palacios defiende la gestión de los ayuntamientos, la única administración pública con superávit en 2015, por lo que insta al Gobierno central a seguir su ejemplo en lugar de «sorprender con este tipo de iniciativas para la aplicación de esta norma tan controvertida» precisamente en un escenario político complejo como el actual.