Los arquitectos aseguran que El Águila Negra sufrió daños intencionados

Los arquitectos aseguran que El Águila Negra sufrió daños intencionados
Estado actual del edificio que albergaba la antigua fábrica cervecera de El Águila Negra, en Colloto. / SUSANA SAN MARTÍN

Los responsables de la Oficina Técnica Municipal de Siero rebaten en el juicio que el edificio estuviera en ruina cuando lo adquirió Gestión Nora

J. C. D. OVIEDO.

Los arquitectos de la Oficina Técnica Municipal de Siero -José Benito Díaz y María José Fernández- coincidieron ayer en asegurar que el edificio catalogado de El Águila Negra, en Colloto, sufrió daños de forma intencionada para acelerar su deterioro, a la vez que negaron que el inmueble estuviera en ruina cuando lo adquirió la actual propietaria, Gestión Nora. Así lo declararon durante la tercera sesión de la vista oral, que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo contra los tres dueños del edificio por un presunto delito contra el patrimonio histórico y para los que la Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión.

En opinión de José Benito Díaz, el techo del edificio «fue destrozado a mano y con mala intención»; garantizó que no fue causado por el viento y puntualizó: «No digo quién lo hizo, pero sí que está hecho». El arquitecto aludió a sus reiterados informes en los que negaba la existencia de ruina técnica, algo que sigue manteniendo. Y en cuanto a la ruina económica, que se acabó declarando, aseguró que «un edificio de esa categoría no pasa a situación de ruina económica si no hay una actuación muy potente sobre él para su deterioro».

La supuesta intención de la propiedad de que se declarara la ruina económica del edificio era para conseguir que el Ayuntamiento de Siero asumiera una parte de la rehabilitación. Pero el arquitecto precisó que la administración tendría que costear aquello que exceda el nivel legal de conservación, «solo si se llevó a cabo primero ese deber de conservación». Y también discrepa con la valoración y el reparto de los costes que pretendía la empresa. «No tiene nada que ver el valor actual con el valor de reposición, lo dice la ley», dijo.

Díaz subrayó también que la propiedad no había acometido ni siquiera las mínimas medidas para proteger el edificio, como retejar o tapar los agujeros. El momento más tenso se produjo cuando el arquitecto dijo que llevaba con este asunto «en juicios permanentes desde 2001 y contestando a insultos graves contra mi persona» desde el despacho de abogados que defiende a los propietarios.

Elogios y disculpas

El letrado Gerardo de la Iglesia tomó la palabra para elogiarle profesionalmente, pedirle disculpas si le habían ofendido y preguntarle por el proyecto de ejecución para reformar el edificio, que se ha presentado hace unos días, y si podría recuperarse su imagen de 1993. «Es muy buen proyecto y yo creo que sí se podrá», respondió.

La arquitecto María José Fernández confirmó las trabas que sufrieron para acceder al edificio cuando el Ayuntamiento planificó rehabilitarlo de forma subsidiaria, y que precisaron de un permiso judicial. Garantizó que su deterioro fue «progresivo» desde 2002 y hasta el presente y que hubo falta de mantenimiento. «Con evitar entradas de agua, ya habrían hecho muchísimo», dijo. Y desveló detalles como «ver tejas apiladas, que es una disposición un poco extraña» o que el agua penetraba «por zonas estratégicas y quedaba estancada para causar daños en la cubierta, vigas o muros».

Ana María Fernández Dopazo, arquitecto municipal entre 2000 y 2017, comentó que ella informó sobre la propuesta inicial de la empresa para intervenir en la parcela del edificio histórico, donde pretendían construir otro edificio en paralelo, pero puntualizó que «era solo una idea, no se podía calificar como un proyecto». Y la que fuera abogada de Patrimonio Cultural corroboró su informe de 2010, donde indicó que la propiedad tenía el deber de conservación y que había hecho caso omiso de los requerimientos municipales, basándose en los informes del expediente.

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