José Prendes, el hombre que desató la investigación de Anticorrupción en El Musel
Afectado y expropiado por el desmonte del Alto Aboño, presentó la documentación en noviembre
Marco Menéndez
Sábado, 27 de junio 2015, 02:05
Hasta el momento, la figura de José Prendes había pasado prácticamente inadvertida en el procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional por los sobrecostes registrados en la obra de ampliación del puerto de El Musel, pero la iniciativa de este hombre fue la que hizo que la Fiscalía Anticorrupción iniciara las investigaciones que de momento han desembocado en la declaración ante el magistrado Juan Pablo González, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de ocho testigos y dos preimputados el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y el exdirector, José Luis Díaz Rato. El próximo 7 de julio lo deberá hacer el exgerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez.
José Prendes había tenido un largo desencuentro con el Puerto de Gijón ya que era uno de los propietarios de los terrenos del Alto Aboño que fueron expropiados para realizar un desmonte del que sacar parte de los áridos que serían utilizados en la ampliación. Tras un dilatado proceso judicial, Prendes tuvo una sentencia favorable que le concedía un precio por metro cuadrado de terreno afectado más ajustado al que se había abonado a otros propietarios. Pero no contento con ello, decidió emprender una nueva carrera judicial después de que se comprobara que los terrenos que habían sido expropiados no fueron utilizados finalmente para la obra portuaria.
Acudió el miércoles y el jueves, en compañía de su abogado, Manuel Junquera, a las comparecencias de Menéndez Rexach y Díaz Rato en la Audiencia Nacional. Allí se mostró satisfecho de cómo estaba evolucionado un procedimiento que él mismo se encargó de iniciar, ya que, según explicó, recabó numerosa información sobre la obra no solo en Asturias sino que viajó a Bruselas, donde se entrevistó con los responsables de la Oficina de Lucha contra el Fraude (Olaf), quienes le facilitaron más documentación sobre el informe que habían elaborado a petición de la Comisión Europea.
Una vez recabada toda la información, Prendes y su abogado decidieron presentarla «en Madrid» y se entrevistaron con la fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional. Tras una reunión de más de tres horas en la que se analizaron todos los papeles, la fiscal les pidió que no trascendiera el encuentro que habían tenido, con el objetivo de que pudiera realizar las averiguaciones necesarias sin que hubiera riesgo de que se pudieran destruir pruebas.
«Eso fue en noviembre y después, a esperar», apuntó Prendes quien por ello no se sorprendió cuando el juez Javier Gómez Bermúdez dictó un auto el pasado 8 de enero en el que ordenaba la apertura de diligencias por los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel. Fue cuando «saltó la bomba», añade Prendes.
Unión de fuerzas
Y después ya vino todo rodado, pues se unió a la acusación particular el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan) y en breve está previsto que lo haga Manos Limpias. Y es que el denunciante no ve con malos ojos que se sumen nuevos colectivos, ya que considera que cuantas más fuerzas se unan será mejor para aclarar el procedimiento.
José Prendes y su abogado no han faltado un día a las comparecencias marcadas hasta ahora en la Audiencia Nacional. Allí estuvieron el pasado 18 de junio cuando declararon como testigos varios responsables de las cuatro empresas que formaban la UTE Dique Torres, encargada de realizar las obras portuarias. Se trataba de Ana Isabel Dizy, Manuel Amaro Martínez Díaz, Guillermo Castañedo Elizalde, Isidro Alonso Sierra, Miguel Eguiagaray García, Antonio Manuel Alvargonzález García, David López Navarrete, Manuel García Beiro y Juan Miguel Pérez Rodríguez, si bien éste último pasó a considerarse preimputado y deberá declarar acompañado de abogado el próximo 7 de julio, después de que reconociera su firma en los contratos con la cementera Tudela Veguín. Pero Prendes y su abogado tampoco faltaron los pasados miércoles y jueves, cuando declararon Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente. Y aunque no realizaron una valoración formal de lo ocurrido en la sala, Prendes se mostró satisfecho con cómo estaban ocurriendo las cosas.
Entre tanto, el procedimiento lleva acomulando «4.400 folios. No todos, pero la mayoría fueron aportados por nosotros», indicaba José Prendes, a la puerta de la sala de comparecencias. Ahora hay más de diez días para analizar todo lo sucedido en la sala de declaraciones y lo contado por los comparecientes. El próximo 7 de julio, con la declaración del exgerente de la UTE, se podrían pedir nuevas comparecencias.