El TSJA ratifica la caducidad del plan de Castiello
El tribunal ha impuesto además a los apelantes el pago de costas, hasta un máximo de 1.000 euros. El fallo cierra la vía a posibles reclamaciones patrimoniales
I. VILLAR / M. MORO
Jueves, 25 de febrero 2016, 02:42
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la sentencia de lo Contencioso Administrativo de julio de 2015 que avalaba la caducidad del plan de Castiello decretada por el Ayuntamiento en 2013. La empresa Promociones Caicoya y la junta de compensación creada para ejecutar ese desarrollo -uno de los urbanizables que desaparecen en el nuevo PGO- habían presentado un recurso de apelación contra el fallo emitido en primera instancia, pero ninguno de sus argumentos ha sido admitido por el TSJA. El tribunal ha impuesto además a los apelantes el pago de costas, hasta un máximo de 1.000 euros. El fallo cierra la vía a posibles reclamaciones patrimoniales.
En marzo de 2010, los promotores comenzaron el procedimiento administrativo para poder expropiar los terrenos no adheridos a la junta de compensación. En abril de 2011 el Ayuntamiento aprobó el inicio del expediente expropiatorio, que estuvo un mes a información pública. Tras responder a las alegaciones y remitir el documento a la CUOTA, aprobó el expediente de expropiación en marzo de 2012. En diciembre de ese año se instó a la junta de compensación a abonar el dinero de las expropiaciones en un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de declarar caducado el expediente.
En enero de 2013, Urbanismo emitió un informe que cifraba en catorce -doce de ellos empresas promotoras- el número de miembros de la junta de compensación que «no pueden o no están dispuestos a pagar» la parte del justiprecio que les correspondía. Estas personas representaban el 70% de las cuotas de participación. «Hasta la fecha no se ha constituido aval alguno que garantice la viabilidad de este desarrollo», recogía el mismo documento.
Tras varias notificaciones y peticiones de aplazamiento por parte de los promotores, en abril el gobierno municipal decretó finalmente la caducidad del expediente de expropiación que había aprobado un año antes, lo que paralizaba el desarrollo del plan urbanístico.